Ciudad de México. Este jueves se llevó a cabo un mitin frente a las instalaciones de la Fiscalía General de la República (FGR) para exigirle a dicho organismo que deje de “criminalizar” a la luchadora social Kenia Hernández, integrante del colectivo “Zapata Vive”, quien desde octubre del año pasado permanece en un penal de alta seguridad.

Antonio Lara, director del Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero, explicó que la activista fue acusada del delito federal de ataque a las vías de comunicación, por haber participado en marzo de 2019 en tomas de casetas para exigir la aparición con vida de Gonzalo Molina, promotor y vocero de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC).

La defensa de Kenia Hernández interpuso un juicio de amparo indirecto, que fue concedido por el Juzgado Cuarto de Distrito en el estado de Guerrero, lo cual deja sin efecto el auto de vinculación a proceso que mantiene detenida a la activista, pero tanto la FGR como Caminos y Puentes Federales “insisten indebidamente en mantenerla en prisión”, dijo el litigante.

Luego de destacar que hay otros procesos legales en el estado de Guanajuato en contra de Hernández, con el objetivo de asegurar su encarcelamiento, Lara señaló que las dos instituciones mencionadas “están tirando por la borda” los años de avances que ha habido para impedir que se criminalice la protesta social.

Tan grave es la actitud de los funcionarios involucrados en el caso en contra de Kenia Hernández, enfatizó, que el juez al que se le planteó la necesidad y obligación de juzgarla con perspectiva de género, dijo que lo anterior no era viable para la activista, pues dicha óptica se utiliza para las mujeres golpeadas, y ella “es abogada y sabe lo que hace”.

De igual manera, Lara destacó que no hay ninguna otra persona detenida o juzgada por las mismas faltas que se le imputan a Hernández, lo cual deja claro que la intención de las autoridades es utilizar su caso para “plantear una pedagogía del escarmiento. Con ella, mandan un mensaje para que las protestas en las casetas ya no existan más”.

Su detención, recalcó, “no obedece a una decisión jurídica, sino a una directriz política que no tendría que haberse judicializado penalmente, máxime cuando hablamos de temas de conflictividad social que deben abordarse con otros parámetros”.

“Hay condiciones jurídicas para que Kenia recupere su libertad, por eso hacemos un llamado atento y enérgico al presidente Andrés Manuel López Obrador, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, y el subsecretario Alejandro Encinas, a que intervengan para que no se perpetúe la persecución” en contra de la activista.