Madrid. Con un largo aplauso y una parte del Congreso de los Diputados visiblemente emocionado, España se convirtió en el séptimo país en el mundo en tener una legislación de eutanasia o “muerte digna”, que permite a los enfermos terminales o crónicos a tener una asistencia sanitaria hasta el final de sus días.

Se trata de una normativa que responde un largo y profundo reclamo de una parte de la sociedad, que lleva al menos tres décadas en el debate público y a la que siempre, hasta la fecha, se han opuesto los sectores más reaccionarios del país.

De hecho el mismo día de su aprobación tanto los obispos católicos expresaron su rechazo e hicieron un llamamiento a la “objeción de conciencia” del personal sanitario y el partido de extrema derecha Vox anunció que si llega al poder una de las primeras medidas que adoptará será su derogación.

Tres meses después de que el anteproyecto de ley se debatió y se aprobó en el Congreso de los Diputados, finalmente la nueva legislación de eutanasia salvó su último paso parlamentario antes de que sea una realidad, que previsiblemente será a partir de este verano, cuando ya sea publicado en el Boletín Oficial del Estad (BOE) y se adopte la normativa en las 17 comunidades autónomas.

La ley sufrió algunas enmiendas en su paso por el Senado, que ahora también se aprobaron en el Parlamento y que se saldó con una votación histórica de 202 votos a favor, 141 en contra y dos abstenciones. Todos los partidos políticos apoyaron la moción, salvo las tres formaciones más alineadas a la derecha y con raigambre en el catolicismo más conservador: el Partido Popular (PP), Vox y Unión del Pueblo Navarro (UPN).

Con esta histórica votación, España se convierte en uno de los siete países en el mundo que tienen una normativa que regula la llamada “muerte digna”, junto a Holanda, Bélgica, Luxemburgo, Canadá, Nueva Zelanda y Colombia.

El debate de la eutanasia en España irrumpió con fuerza hace algo más de 23 años, cuando un tetrapléjico gallego llamado Ramón Sampedro hizo pública su vida y su decisión irreversible de ayudarse él mismo a acabar con su vida ante los obstáculos que tenía por parte de la sanidad para respetar su decisión de morir dignamente ante el infierno en el que se había convertido su vida.

Sampedro era un hombre brillante, culto, pero que tenía la limitación total de sus movimientos -solo podía mover la boca-, así que decidió grabarse a sí mismo mientras ingería una bebida que alguien le había dejado cerca y que terminó con su vida.

La grabación iba acompañada por una serie de reflexiones y escritos precisamente sobre el derecho a una muerte digna, a la eutanasia. Y después de Ramón Sampedro vinieron otros enfermos terminales que hicieron algo parecido, se ayudaron de familiares o amigos para aplicarse ellos mismos la eutanasia, haciéndolo además público para que se removieran las conciencias. Así lo hicieron Luis de Marcos, Maribel Tellaetxe, Antoni Monguilod o María José Carrasco, entre otros.

El debate que provocó Sampedro fue intermitente, pero siempre ha estado presenta a lo largo de los últimos años, en los que han pasado los gobiernos del derechista José María Aznar (1995-2004), del socialista José Luis Rodríguez Zapatero (2004-2011), del conservador Mariano Rajoy (2011-2018) y ahora con el socialista Pedro Sánchez finalmente ha visto la luz una legislación que también responde al reclamo de varias asociaciones de víctimas y familiares enfermos terminales.

El texto de la nueva legislación, impulsado por el PSOE, incorpora al ordenamiento jurídico un nuevo derecho individual, el derecho a la eutanasia, que puede solicitarse en un contexto de sufrimiento “que la persona experimenta como inaceptable y que no ha podido ser mitigado por otros medios”. Además ampara la autonomía y la libertad del paciente, al estipular que “no existe un deber constitucional de imponer o tutelar la vida a toda costa y en contra de la voluntad de la persona”.

La socialista María Luisa Carcedo, ponente de la ley y quien lleva mucho tiempo luchando por conseguir lo que considera un “logro histórico”, recordó durante su intervención a esas personas que ayudaron a mantener vivo el debate y que “decidieron contar su intimidad para lograr este nuevo derecho. Ellas y muchos familiares, que ya no pelean por los suyos porque se fueron con tristeza y con dolor, pelean por los demás, y son los verdaderos artífices de este nuevo derecho”, aseguró.

La ley prevé además que será una prestación pública incluida en la cartera de servicios comunes del Sistema Nacional de Salud y que podrá realizarse en centros sanitarios públicos, privados o concertados, y en el propio domicilio. En cualquier momento la persona que lo solicita puede revocar su petición y debe tener nacionalidad española, residencia legal o contar con un certificado de empadronamiento que acredite al menos 12 meses de permanencia en España.

Deberá, además, pasar por varios filtros en el que al menos dos médicos diferentes deben autorizar la solicitud y una Comisión de Garantía y Evaluación hará un control previo. Todo ello con unos plazos estipulados que solo pueden acortarse si la muerte es “inminente”.

En las antípodas se volvieron a posicionar los grupos reaccionarios, encabezados por los obispos españoles, que además de rechazar la legislación hicieron un llamamiento a todo el personal sanitario a que hicieran “objeción de conciencia” para no aplicar la “muerte digna”. Desde los partidos de la derecha, sobre todo de la ultraderacha de Vox, se advirtió a través de una pancarta que “derogarán” la legislación.