Ciudad de México. Aunque las familias y organizaciones civiles lograron evitar retrocesos graves en la nueva Ley de la Fiscalía General de la República (FGR), aprobada ayer en el Senado, dicha norma sigue conteniendo aspectos preocupantes, por lo que la Cámara de Diputados tiene la obligación de escuchar a la sociedad y mejorar el citado documento, señaló el Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México (MNDM).

Mediante un comunicado, el organismo –que agrupa a 74 colectivos de 22 estados de la República mexicana y de 3 países de Centroamérica—subrayó que la votación en la cual se aprobó el dictamen por mayoría “deja un saldo negativo para las víctimas, pues a pesar de nuestra insistencia, el Senado ignoró el estándar y derecho de participación que hemos conseguido en otras legislaciones”.

Como consecuencia de ello, la Cámara alta “se negó a habilitar una discusión abierta a los diversos sectores de la sociedad que permitiera verdaderamente construir una propuesta para fortalecer el sistema de justicia que este país requiere”.

Si bien destacó que las familias de personas desaparecidas y organismos nacionales e internacionales lograron “evitar regresiones en derechos ya conquistados”, el MNDM indicó que en la norma persisten diversos puntos que generan preocupación.

Un ejemplo de ello es que “las obligaciones de la FGR como integrante de sistemas colegiados siguen siendo ambiguas; en particular en el Sistema Nacional de Búsqueda, ya que están sujetas a la interpretación que se dé sobre la autonomía de la Fiscalía”.

Además, “persiste una lógica de restricción al derecho de las víctimas a participar en la planeación de la investigación y deroga derechos no contenidos en otras legislaciones, como el de brindar información a las víctimas sobre actos de investigación previstos y programados o el derecho a presentar peritajes independiente en cualquier caso”.

De igual manera, “se perpetúa un modelo en el que los servicios periciales siguen expuestos a presiones indebidas del Ministerio Público al emitir sus opiniones” y “se otorgan facultades a la Guardia Nacional como Auxiliar del Ministerio Público, pese a que en la Suprema Corte de Justicia de la Nación se continúa discutiendo su constitucionalidad”.

Por otra parte, se eliminan mecanismos de transparencia, rendición de cuentas y participación ciudadana en la designación de los titulares de las Fiscalías Especializadas, lo cual “representa una regresión al principio de progresividad y es contrario al principio de participación conjunta de la Ley General en Materia de Desaparición”.

En suma, enfatizó el MNDM, “la legislación aprobada por el Senado de la República no es, de ninguna manera, un logro ni un avance para nuestros derechos. Ahora es turno de la Cámara de Diputados ponderar y escuchar a la víctimas y a la sociedad, pues somos quienes conocemos de primera mano las entrañas de la Fiscalía, sus deficiencias y necesidades de mejora”.

El colectivo señaló que mantiene su exigencia de realizar un Parlamento Abierto para que las y los diputados “habiliten el proceso de discusión abierta, sustantiva y profunda que la justicia en nuestro país merece, que escuche de forma genuina y comprometida a las víctimas y a la sociedad”.

La autonomía de la Fiscalía, insistió el MNDM, “debe ser entendida como un atributo que le permita realizar un trabajo independiente, profesional y efectivo que dé resultados a las investigaciones y a las víctimas; no como una excusa para desvincularse de otras autoridades de la administración pública federal y autoridades de nivel local, incumplir sus obligaciones en materia de Desaparición establecidas en la Ley General en la materia, y trabajar de espalda a las víctimas”.