Ciudad de México. La Coparmex Ciudad de México condenó las modificaciones a la Ley de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Capital, por considerar que atentan contra la visión de una Ciudad Innovadora y de Derechos en la materia.

Indicó que de entrada elimina la operación de 22 empresas certificadas para brindar el servicio de capacitación y consultoría en protección civil y la posibilidad de crear más.

Las nuevas disposiciones en sus artículos 191 y 192 eliminan la posibilidad de que empresas particulares puedan prestar servicios relacionados con la Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, además de restringir —de manera inicial— esta actividad sólo a médicos, ingenieros y arquitectos, descartando a profesionistas en otras ramas, inclusive a los actualmente certificados para prestar el servicio.

Otro aspecto grave es el artículo 61, que se suma al trámite que empresas o negocios realizan en la plataforma cibernética de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, es que debe realizarse en las alcaldías, a través de la ventanilla única, lo que no sólo duplica los procesos para obtener el registro, sino que pone en grave riesgo las gestiones por ser propenso a la corrupción en el momento en que éste proceso recaiga en la voluntad de un funcionario y se vuelva opaco y proclive a la extorsión, agregó.

La Ley de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil original liberaba del trámite de hacer y registrar un programa de protección civil a más de 440 mil micro y pequeñas empresas de la Ciudad de México, a través de un acuerdo de clasificación de riesgos por el giro de la empresa; las modificaciones eliminaron el acuerdo y todas estas empresas, están en un “limbo” jurídico, que las expone a la extorsión, basada en el criterio de los verificadores.

“Lo más grave de las modificaciones es que los cambios a la ley se hicieron en el marco de un parlamento abierto, en el que participaron expertos, quienes realizaron un ejercicio de análisis que concluyó en una propuesta que vendría a mejorar la ley, pero lo aprobado fue totalmente diferente a las conclusiones alcanzadas, por lo que claramente la invitación a discutir las modificaciones representó solo una simulación”.

Para el organismo empresarial dichas modificaciones, “representan un franco retroceso en esta materia, es violatorio de la seguridad jurídica y echa por tierra el gran avance que se había logrado para combatir la corrupción”.