Morena en la Cámara de Diputados presentó una iniciativa de reforma a la Ley de Amparo, para prohibir que se otorguen suspensiones cuando se trate “de leyes y resoluciones que tengan por objeto fomentar la operación y funcionamiento de las empresas productivas del Estado”, esto es Petróleos Mexicanos (Pemex) y Comisión Federal de Electricidad (CFE).
La iniciativa, que se turnó a comisiones, incluye impedir que se beneficie con el amparo a funcionarios contra disposiciones o resoluciones en materia del régimen de austeridad republicana y salarios de los servidores públicos, y en este caso refirió que el presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova, impugnó el límite de ingresos impuesto en el Presupuesto de Egresos de la Federación de este año.
Durante la sesión de este miércoles, los grupos parlamentarios presentaron posturas en el contexto de la conmemoración de la expropiación petrolera y Morena anunció que defenderá los intereses del país en materia energética ante los de las grandes empresas.
El PRI, en voz del diputado Enrique Ochoa Reza, sostuvo que el contenido vigente de la Constitución en materia energética “es cardenista”.
En tribuna, explicó que el Estado mantiene el control, la pleanezión, transmisión y distribución de energía elétrcia pero está abierta la participación de los sectores social y privados en generación y comercialización. “Larga vida a Lázaro Cárdenas del Río y a los jueces constitucionales que honran la Constitución cardenista”, expresó.
Mientras, en su iniciativa de reforma a la Ley de Amparo, la diputada Reyna Celeste Ascencio cuestiona que aún no se ha realizado ningún acto de aplicación de la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica, y “como acto reflejo se impugna judicialmente, e igualmente como acto reflejo algunos jueces están otorgando la suspensión sin analizar debidamente si existe un interés público superior que deba privar en la materia”.
Aclaró que con su propuesta no se limita el legítimo derecho de defensa judicial, pues “los que son beneficiarios de la corrupción del pasado y que aún permanecen en la burocracia dorada podrán seguir impugnando judicialmente, pero ya no deben seguir gozando de la suspensión del acto reclamado”.
Además, acusó que “algunas de las personas que han impugnado judicialmente en contra del régimen de remuneraciones y de fomento de empresas productivas del Estado, tienen ligas o vínculos con funcionarios judiciales, por lo que saben que gozarán de un proceso judicial a modo que se puede alargar”.
De esa forma se alarga el juicio y con ello “virtualmente se mantiene el régimen del pasado”.
