Ciudad de México. Es positivo que se haya enviado al Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) el amparo promovido en contra de la omisión legislativa del congreso de Yucatán, el cual no permitió el matrimonio igualitario, consideró el Colectivo por la Protección de todas las Familias en Yucatán.

Kalycho Escoffie, asesor jurídico en la agrupación señaló a La Jornada que esto le da mayor peso a la determinación y abre la puerta a que haya nuevamente jurisprudencia.

“Consideramos que es una muy buena señal y es un reconocimiento que el caso es de vital trascendencia. Lo que hace el ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, al subir el caso al pleno, es también dar la posibilidad que sea mayor el impacto que tenga la sentencia”.

El también investigador del Centro de Estudios de Derechos Humanos de la Universidad Autónoma de Yucatán, explicó que “si seis ministras y ministros votan a favor, de los11 que componen el Pleno, el caso se ganaría, se ordenaría al congreso de Yucatán a modificar su legislación interna, y por otro lado se crearía un precedente, que sería de mucho peso para casos futuros.

“Pero si el caso es aprobado por ocho votos o más, la sentencia genera jurisprudencia de manera inmediata. Esto significa que en casos futuros ya no habría pierde. Los juzgados en casos similares tendrían que conceder el amparo”.

El abogado, recordó que el amparo lo presentaron 38 personas de la comunidad LGBTI+ y sus familiares, que conforman parte del Colectivo por la Protección de todas las Familias en Yucatán. El 10 de abril de 2019 el congreso rechazó la iniciativa para el matrimonio igualitario.

“Al rechazar esta iniciativa, el congreso estaba confirmando su desacato a la jurisprudencia de la SCJN. Lo que estaba haciendo era generar un régimen constitucional distinto al de la constitución federal, la que establece que no está permitido la discrimación por motivos de orientación sexual y ademas refiere que todas las familias deben estar protegidas por la ley”.

Descartó que el rechazo del Vaticano a los matrimonios igualitarios pueda tener alguna influencia en estas decisiones.

“El Vaticano y ninguna religión es una actor en esta conversación. Es un asunto legal y estamos en un Estado laico. No son actores invitados a este debate. Es verdad que las iglesias, sobre todo la católica siguen teniendo fuerza e impacto en decsioens de algunos funcionarios y funcionarias. De hecho en el caso de Yucatán, hemos visto que en algunos sectores en particular hay ifluencia, pero en los últimos años, esa fuerza es menor.

“Creemos que algunos diputados rechazaron el asunto, no por su covicción religiosa, sino por la presión política de grupos religiosos”.

Destacó que “las iglesias deben entender que esto un asunto de Estado, nadie les está obligando ni se está metiendo con sus ritos”.

El 14 de febrero pasado las agrupaciones All Out y México Igualitario crearon la página ¿Me puedo casar, México?, una plataforma que da a conocer la situación del matrimonio igualitario en cada estado. La finalidad es orientar a las parejas del mismo sexo que desean casarse, en dónde lo pueden hacer y presionar a los estados en donde aún no es legal.