Ciudad de México. Marginar a los investigadores de universidades privadas del estímulo económico que otorga el Sistema Nacional de Investigadores (SNI) es “abiertamente discriminatorio”, aseguró el secretario general de la Federación de Instituciones Mexicanas Particulares de Educación Superior (Fimpes), Rodrígo Guerra Botello.
Además, el directivo no descartó recurrir a la vía jurídica para revertir esta decisión conenidas en las modificaciones que se hicieron al nuevo reglamento del SNI, el cual fue aprobado recientemente por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt).
En entrevista, Rodrigo Guerra señaló que las instituciones privadas de educación superior, que tienen como miembros del SNI a mil 525 de sus investigadores (4.6 por ciento del total), están en la disposición de continuar invirtiendo en ciencia, tecnología e innovación, una cantidad económica equiparable a la que reciben sus académicos a través de dichos estímulos.
Expresó la preocupación de la Fimpes por las modificaciones a dicho reglamento, que si bien no ha entrado en vigencia, ya se encuentra en la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (Conamer), para una consulta pública, y de recibir el visto bueno pasar el Diario Oficial de la Federación (DOF) para que sea publicado y con ello su entrada en vigor.
Exhortó a las autoridades a revisar la redacción de los artículos 29, 61 y 62 del nuevo reglamento, a fin de incluir a los investigadores nacionales de instituciones privadas en la entrega de los estímulos -tal como está en la actualidad- y adoptar una perspectiva de derechos humanos para los investigadores con respeto a los principios de igualdad y no discriminación previstos en la Constitución.
Guerra Botello destacó que la Fimpes ha buscado el diálogo directo con el Conacyt, “aunque no hemos sido exitosos” en lograrlo, además de otras instancias como la subsecretaría de Educación Superior de la Secretaría de Educación Pública (SEP).
“A nosotros nos gustaría mucho más el diálogo que tener que recurrir a la parte jurídica, pero es una opción, entendiendo que los directamente afectados son los investigadores de las instituciones privadas, y ellos tienen sus opciones de inconformidad que prevé la ley”, dijo el directivo de Fimpes, instancias que aglutina a 112 instituciones privadas de educación superior de las más reconocidas del país.
En su conjunto, la educación privada de este nivel educativo tiene una participación del 36.3 por ciento, con una matrícula de casi 800 mil estudiantes. La Fimpes aglutina a casi la mitad. Las universidades Iberoamericana, La Salle, del Valle de México, Anáhuac, de Las Américas, y el Tecnológico de Monterrey, son solamente algunas de ellas.
Durante la entrevista, el secretario general de Fimpes consideró que, desde su perspectiva, el reglamento aprobada por el Consejo del Conacyt “no es congruente” con la ley todavía vigente de Ciencia y Tecnología. “Podría serlo con el proyecto de ley (Ley General de Humanidades, Ciencia, Tecnología e Innovación) que esta impulsando en este momento el Conacyt, pero que todavía ni se entrega al Congreso”, dijo Guerra Botello.
Además, sostuvo que “no es correcto”, desde el punto de vista jurídico, que primero haya un reglamento por encima de la ley que todavía está vigente. “En orden de prioridades, primero es la nueva ley y luego el reglamento”, situación que no se respetó en este caso.
Finalmente, dijo que la Fimpes ha tenido siempre un perfil discreto, dedicada a trabajar en su campo, pero que en esta ocasión sí ha tenido que salir ante la actitud discriminatoria en contra de sus académicos e investigadores, que “es un precedente que nos preocupa mucho”.
Aun así, dijo que esta “decisión discriminatoria” no ha sido la única que han recibido las instituciones privadas, pues en otras ocasiones no les ha permitido a sus estudiantes el acceso a becas, por el solo hecho de pertenecer a planteles particulares, así como tampoco estos mismos planteles pueden recibir incentivos por acreditar la calidad de sus estudios, situación que sí reciben las públicas.
“Hoy sí decidimos expresar nuestra voz para significar esta parte parte discriminatoria que nos preocupa y nos vuelve en un futuro incierto. Nosotros entendemos que la educación y la investigación privadas son complementarias a la pública, y las dos buscamos ayudar a México a salir adelante”, dijo.
