Ciudad de México. Morena en la Cámara de Diputados afirmó que de la información disponible sobre las presuntas operaciones financieras ilegales del gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, “se puede resumir que a su alrededor se construyó una ‘cofradía del terror’”.
Luego de que el viernes la Sección Instructora acordó que el periodo de desahogo de pruebas en el proceso de desafuero contra el gobernador sea público, el coordinador de Morena, Ignacio Mier Velazco, expresó que la sociedad tiene derecho a saber qué procedimientos se instauran contra actores públicos y a estar informada y actualizada de cada etapa de los procedimientos de la cámara.
“El umbral de la libertad de expresión y el derecho a la información obliga a transparentar y hacer públicos aquellos actos que han alcanzado notoriedad nacional”, insistió.
Aun cuando la propia Sección Instructora ha explicado que el contenido del expediente no puede ser público y que la Fiscalía General de la República y la Unidad de Inteligencia Financiera explicaron a los legisladores la semana pasada que no podían compartir información de la indagatoria, Mier Velazco dijo que corresponderá a las autoridades competentes cuidar el debido proceso, la legalidad y conducirse con base en el marco normativo.
No obstante, acotó que el marco legal prevé que otras autoridades participen en las etapas del desafuero, “porque a diferencia del gobernador nosotros nos conducimos con transparencia, con apertura y con base en lo que marca la ley”.
Dijo que si bien los legisladores conocen que se deben conciliar los principios de legalidad, debido proceso, actuación con base en la ley y la transparencia, “tampoco podemos mantenernos inactivos ante la necesidad de la gente de conocer la situación que guarda la investigación por el actuar de los funcionarios públicos, entre ellos el caso de Tamaulipas”.
Acusó que hay personajes que acompañan a García Cabeza de Vaca en su defensa, entre otros el ex senador por el PAN, Roberto Gil Zuarth y ex legisladores que aprobaron la reforma energética en 2013, “para defenderlo a toda costa, a pesar de saber que hay presuntos delitos qué perseguir”.
