Ciudad de México. Por medio de una carta que leyó en su conferencia de prensa de este lunes en Palacio Nacional, el Presidente Andrés Manuel López Obrador solicitó al ministro Arturo Fernando Zaldívar Lelo de Larrea​​, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federación, una revisión de las facultades del juez que otorgó suspensiones provisionales para frenar de inmediato la Ley de la Industria Eléctrica. 

Luego que Juan Pablo Gómez Fierro, juez Segundo de Distrito en Materia Administrativa, Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, otorgó dichas suspensiones, el mandatario llamó, con respeto a la división de poderes, a realizar una revisión sobre si a dicha autoridad “le corresponde o no aplicar de manera oficiosa la suspensión a quienes no lo solicitaron y si es de su competencia o no resolver este caso”. 

En la misiva se indica que un día después de haberse publicado la reforma a la ley de la Industria Eléctrica, Juan Pablo Gómez Fierro, concedió a un quejoso una suspensión por el amparo promovido en contra de esa nueva disposición y lo hizo extensivo a otras personas físicas y morales.  

A la vez, agrega: “Si mi solicitud es legalmente procedente, solicito que el consejo de la Judicatura lleve a cabo una investigación para esclarecer la actuación del juez Gómez Fierro en este episodio”. 

Alrededor de este asunto, dijo, actúan “personas, organizaciones y empresas afines al antiguo régimen” que actúan en función de sus intereses. 

Como ejemplo, mencionó a empresas eléctricas extranjeras como Iberdrola, de España, misma que contrató en su momento a una ex secretaria de Energía e incluso al ex presidente Felipe Calderón. 

“En este agrupamiento conservador y reaccionario, destacan, entre otros, Claudio X Gónzález, pseudo defensor de la sociedad civil, pero en realidad beneficiario” de dicho régimen, expuso el mandatario, además de mencionar igualmente al ex ministro José Ramón Cossío. 

“Sería lamentable que después de todo el daño que la oligarquía ha causado al país, sigamos permitiendo el abuso y la prepotencia, bajo la excusa del Estado de derecho, pues, en honor a la verdad, quienes hoy invocan ese principio para presentar sus intereses han sido, y quieren seguir siendo, los violadores más activos de la Constitución”, concluye en la carta. 

Como pruebas, dijo que en el caso de Claudio X González es del dominio público que su papá fue asesor de Carlos Salinas de Gortario y su familia tiene acciones en empresas privadas enfocadas a la generación de energía eléctrica.

Dijo que es “público y notorio” que estos empresarios siempre han actuado en su contra y participaron en la guerra sucia contra su candidatura presidencial en 2006.

Las decisiones de Cossío

En seguida, por medio de una lista de resoluciones avaladas por el ex ministro José Ramón Cossío, señaló que él “aprobó resoluciones que considero injustas cuando fue ministro, y ahora se convierte en paladín de las libertades”. 

En su momento, dijo, al abordarse en la Corte casos como el de la Guardería ABC, Cossío votó en contra del proyecto que buscaba sancionar a autoridades del Instituto Mexicano del Seguro Social, de Sonora y del Ayuntamiento de Hermosillo.

También en el caso de la francesa Florence Cassez, procesada por secuestro, “en la primera sesión sobre el asunto para cubrir a Genaro García Luna y a Felipe Calderón”, propuso un amparo y evitó pronunciarse en una acción de inconstitucionalidad sobre la llamada ley Televisa. 

Además “protegió a Roberto Gil en un asunto de libertad de expresión, en el que se le había acusado de corrupción en un tema de casinos”, y en el caso en el que estuvo involucrada una empresa de energía eólica en Juchitán, Oaxaca, “afectó los intereses de la población” al negarles un amparo. 

En el caso de la represión en Atenco “se negó a responsabilizar a Eduardo Medina Mora y a Enrique Peña Nieto de las violaciones graves a derechos humanos ocurridas en Texcoco y en Atenco”. 

“Se respeta el derecho de amparo, se respeta la autonomía de jueces, magistrados y ministros del Poder Judicial, se respeta la libertad de los ciudadanos, se respeta la libertad de expresión, de asociación, se garantiza el derecho a disentir, pero al mismo tiempo, nosotros vamos a ejercer nuestras facultades a plenitud y a defender el interés general, porque estos grupos sólo se orientan a defender el interés de particulares, sobre todo de empresas que han lucrado durante años con el presupuesto público, y se han quedado con bienes del pueblo y la nación”, agregó el Jefe del Ejecutivo. 

De paso, reiteró su defensa de la reforma a la ley de la Industria Eléctrica, e insistió que busca garantizar que no aumente los precios, ya que se otorgaban subsidios que generaban que se cobrara más a los consumidores que a las empresas.