Siria cumple este lunes diez años desde el inicio de un conflicto que ha devastado el país y ha causado una de las mayores tragedias humanitarias de este siglo, un aniversario que se cumple en un momento en el que las fuerzas de Bashar al Assad tienen el control de gran parte del país gracias a la ayuda rusa e iraní pero con la población bajo una gran presión por la profunda crisis económica.

El conflicto, que estalló a causa de la represión de las manifestaciones prodemocráticas iniciadas en Daraa tras la detención y torturas a varios niños por unas pintadas en contra del mandatario, cristalizó con el surgimiento de cientos de grupos armados, algunos integrados por desertores del Ejército.

Al Assad, que desde el inicio de la guerra habló de una campaña contra grupos terroristas financiados desde el extranjero, ha logrado aguantar en el cargo gracias al apoyo de Moscú –que intervino en 2015 con apoyo aéreo – y de Teherán, que respalda a diversas milicias y da apoyo económico.

La intervención rusa se ha demostrado clave para dar la vuelta a la situación, dado que en ese momento las tropas gubernamentales se encontraban bajo una gran presión por parte de los rebeldes, algunos de ellos respaldados por Turquía, Estados Unidos y otros países occidentales y del Golfo.

Los bombardeos rusos arrancaron meses después de que Estados Unidos se pusiera al frente de una coalición internacional para combatir contra el grupo yihadista Estado Islámico, que tras tomar importantes territorios en Irak y Siria procedió a declarar en 2014 un 'califato', abriendo un nuevo frente en la guerra.

Desde entonces, las autoridades han logrado expandir su control sobre la mayoría del país, a excepción de la provincia de Idlib, aún en manos de varios grupos rebeldes, entre los que destaca Hayat Tahrir al Sham (HTS), y zonas del noreste bajo control de las autoridades kurdas, que hasta la fecha han evitado entrar en conflicto abierto con Damasco.

Esta presencia kurda en zonas fronterizas con Turquía han llevado desde 2016 a Ankara a lanzar diversas ofensivas contra las Fuerzas Democráticas Sirias (FDS), cuyo principal elemento son las Unidades de Protección Popular (YPG) –con lazos con el Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK) –, en las que han contado con el apoyo con una amalgama de grupos rebeldes de corte islamita o salafista.

Por su parte, Israel ha procedido a ejecutar decenas de bombardeos contra objetivos del Ejército sirio y del partido-milicia chiíta libanés Hezbolá, en lo que describe como una campaña para hacer frente al fortalecimiento de Irán en el país y a una ampliación de las posiciones en las que hace frente a fuerzas enemigas.

Esta internacionalización del conflicto, su grave impacto sobre la población y la región tuvo su reflejo en la ofensiva lanzada en diciembre de 2019 contra zonas rebeldes de Idlib, que provocaron un flujo masivo de desplazados hacia la frontera con Turquía, que respondió abriendo sus puertas para que los refugiados pudieran llegar a Europa.

En este sentido, el secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, ha destacado esta semana que la situación en Siria "es una pesadilla" y ha lamentado que "tras una década de conflicto, en medio de una pandemia y ante el flujo constante de nuevas crisis, Siria ha caído de los titulares".

De hecho, el Programa Mundial de Alimentos (PMA) ha alertado de que "los sirios hacen frente a las peores condiciones humanitarias desde el inicio de la crisis, con millones de personas cayendo en la hambruna durante el último año", una situación que pone a la población en una situación de mayor fragilidad incluso que durante las peores etapas del conflicto.

Colapso económico

Así, el desplome de la libra siria desde el año pasado y su impacto en los productos básicos, así como la crisis económica en Líbano y el impacto de la pandemia han provocado que desde principios de 2020 la población haya visto cómo caen sus ya escasos recursos y cómo aumenta la inseguridad alimentaria.

El propio PMA ha dicho que cerca de 4.5 millones de personas hayan caído en el hambre y la inseguridad alimentaria durante el último año, mientras que 12,4 millones de personas –cerca del 60 por ciento de la población –, sufren hambre o inseguridad alimentaria, una cifra que supone el doble que en 2018.

La población ha hecho frente desde marzo de 2020 a recortes en el combustible y los alimentos, lo que ha provocado que dependan de productos subsidiados, racionados ante los aumentos de los precios y la presión causada por las sanciones internacionales, incrementadas bajo la Presidencia de Donald Trump.

De hecho, Damasco ha llegado a acusar a Washington de "comportarse como un bandido" por la aplicación de la 'Ley César' en 2020, contempla sanciones para militares y aquellos que hayan prestado apoyo a Al Assad, además de expandir el anterior régimen de sanciones y golpear los esfuerzos de reconstrucción, según denuncia Siria.

Las sanciones fueron anunciadas en un momento en el que la crisis había tenido una escenificación pública en la disputa entre Al Assad y el magnate Rami Majluf --su primo-- por el impago de diversas deudas de la compañía de telecomunicaciones Syriatel, de la que es copropietario.

Las consecuencias de la guerra

Entre las consecuencias de estos diez años de guerra figuran más de 380 mil muertos, entre ellos cerca de 117 mil civiles –incluidos 22 mil 149 niños–, y 2.1 millones de heridos, según datos del Observatorio Sirio por los Derechos Humanos, si bien los balances oscilan ante la dificultad para llevar a cabo un recuento fiable.

El organismo, con sede en Londres e informantes en el país árabe, señaló que las cifras se corresponden con los datos de los que disponía a finales de 2020 y añadió que el balance no incluye a "cerca de 88 mil civiles muertos por torturas" en cárceles gubernamentales, cerca de 3 mil 200 personas en centros de detención de Estado Islámico, alrededor de 4 mil 100 miembros del Ejército capturados y mil 800 personas secuestradas por milicias islamitas y yihadistas.

Asimismo, alrededor de 5.6 millones de personas se encuentran refugiadas en países de la región, según datos del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), principalmente en Turquía (unos 3.6 millones), Líbano (cerca de 865 mil) y Jordania (alrededor de 664 mil).

A ellos se suman cerca de 6.7 millones de desplazados internos, por lo que el total supone algo más de la mitad de la población del país antes de la guerra, con muchos de ellos en asentamientos informales y campamentos debido a la falta de vivienda causada por la enorme destrucción de la guerra.

La situación ha llevado a la comunidad internacional a intentar impulsar un proceso de diálogo, que ha logrado pocos avances y que tiene su principal esperanza en las reuniones del comité constitucional, si bien los intereses cruzados han impedido hasta ahora progresos tangibles.

Tanto la ONU como las ONG han hecho hincapié en la necesidad de que la rendición de cuentas por los crímenes cometidos durante el conflicto es un elemento clave de cara a un proceso de acercamiento y normalización de la situación, debido al gran trauma sufrido por la población.

"Las partes en conflicto se han beneficiado de la intervención selectiva y la lamentable negligencia de la comunidad internacional", criticó en febrero el presidente de la comisión de investigación sobre Siria, Paulo Pinheiro, quien acusó a las partes de graves violaciones de los Derechos Humanos.