La Paz. La ex presidenta de Bolivia, Jeanine Añez, compareció el domingo en una primera audiencia, por videollamada, ante un juez tras ser acusada de haber ayudado a fomentar un golpe de estado contra el gobierno socialista del país.
En la audiencia, Añez y sus ex ministros de Energía y Justicia, Rodrigo Guzmán y Álvaro Coimbra, fueron acusados de sedición, terrorismo y conspiración.
Según una declaración leída por el fiscal Harold Jarandilla, los acusados usaron aliados de las fuerzas de seguridad para presionar al ex presidente Evo Morales a renunciar luego de las elecciones disputadas y eventos "amañados" en el vacío político que siguió para instalar a Añez como presidenta interina.
Jarandilla dijo que Añez representaba un riesgo de fuga ya que fue descubierta "hábilmente escondida" en la casa de un vecino en la ciudad central de Trinidad durante una redada policial el sábado, y pidió que ella y sus ex funcionarios permanezcan en prisión preventiva en espera de juicio durante seis meses.
De acuerdo con una orden de arresto vista por Reuters, también se busca a varios otros ministros del gobierno de Anez junto con figuras de la policía, el ejército y la oposición.
La orden contra ex miembros de la administración conservadora representa un cambio notable de dirección por parte del presidente Luis Arce, ex ministro de economía de Morales, quien se comprometió, cuando llevó al Movimiento por el Socialismo de regreso al poder en octubre del año pasado, a "reconstruir y estabilizar" el país.
Las detenciones han provocado furia entre los líderes de la oposición boliviana que han pedido un levantamiento civil contra una "dictadura", y expresiones de preocupación por parte de grupos de derechos humanos y potencias globales.
Tanto el gobierno de los Estados Unidos como la Unión Europea emitieron declaraciones durante el fin de semana instando a Bolivia a seguir el debido proceso y garantizar que los juicios se lleven a cabo sin interferencia política.
Al llamado se hicieron eco grupos de derechos humanos, incluida la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la oficina en Bolivia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
La Conferencia Episcopal Boliviana (CEB) pidió la liberación inmediata de los detenidos. "La política de la revancha y el rencor y una Justicia dependiente del Poder político, no crean confianza en el pueblo y nos perjudicará a todos, tarde o temprano", sostuvo la CEB en un comunicado publicado en la noche del sábado.
Añez, de 53 años, abogada y ex senadora del Movimiento Social Demócrata de centroderecha asumió el poder a fines de 2019 después de que Morales renunciara en medio de violentas protestas violentas y acusaciones respaldadas por organizaciones internacionales de que ganó la elección presidencial de manera fraudulenta.
Al menos 33 personas murieron durante las protestas, 30 de ellas después de que Añez asumió el cargo.
Añez afirmó que los cargos eran "persecución política" e insistió en que participó en una "sucesión constitucional" para reemplazar a Morales después de su dimisión.
La ex mandataria realizó una convocatoria a la Organización de Estados Americanos (OEA) y a la Unión Europea para que envíen misiones de observación para evaluar los procesos en su contra.
