Guadalajara, Jal. Nancy Gómez Figueroa, una agente del Ministerio Público de la Fiscalía del Estado que en junio pasado se negó a liberar a un adolescente como se lo ordenó su jefe, ha vivido una serie de hostigamientos y amenazas desde entonces que hicieron que este viernes acudiera, acompañada de la colectiva Las Paritaristas, al Congreso para solicitar juicio político contra el fiscal estatal Gerardo Octavio Solís y el fiscal anticorrupción Gerardo de la Cruz Tovar.

La funcionaria adscrita a la Unidad de Investigación de Delitos Cometidos por Adolescentes en Conflicto con la Ley, desde que se negó a alterar los horarios en una carpeta de investigación para dejar libre al muchacho de 13 años acusado de secuestro tal como se lo requirió su jefe y coordinador de la unidad, Marcos Montes González, dice haber vivido amenazas contra ella y su familia, degradación salarial, imputaciones ante un juez en su contra por supuesto abuso de autoridad y hasta un intento de “levantón” por parte de personal de la Fiscalía.

A las afueras del Congreso y acompañada del grupo feminista, la agente ministerial dijo haber sido sometida a otros actos de violencia, que incluyeron también que durante sus guardias de 24 horas cerraran el baño con llave para que no pudiera tener acceso.

“Durante mi guardia, en la madrugada, fueron a tratar de levantarme personal de Fiscalía con vehículos sin placas, con camionetas con códigos sonoros, con personal con armas largas literal a levantarme”, dijo.

Agregó que en esa ocasión le dijeron que aunque fuera mujer la podían subir y llevársela, y ella les contestó “pues de a como nos toque, comandante”, lo que fue visto por varios testigos de la misma Fiscalía quienes se solidarizaron y evitaron que se la llevaran.

“Si no pasa eso, yo desaparezco”, agregó.

La agente del Ministerio Público luego de ver que sus denuncias ante la propia Fiscalía Estatal y Anticorrupción no tuvieron eco y que en la Comisión Estatal de Derechos Humanos hasta después de un año se emitió una recomendación “light” que ha sido incumplida, dijo que además ha visto reducido en 30 por ciento su salario y este ha sido retenido en represalia.

En el camino y a pesar que en agosto pasado la fracción de Morena en el Congreso impulsó una iniciativa de acuerdo legislativo para que el caso fuera revisado -lo cual fue rechazado por la mayoría de Movimiento Ciudadano, el partido gobernante en la entidad-, la mujer además ha sido inculpada de “abuso de autoridad”, lo que la obliga a responder ante los juzgados orales ubicados en Puente Grande y durante siete meses fue inhabilitada del cargo.

La solicitud de juicio político contra los fiscales Solís y De la Cruz son por violencia de género, la corrupción que impera en el caso y la impunidad con la que se ha manejado la denuncia.