Mexicali, BC. El Congreso de Baja California autorizó al gobierno de Jaime Bonilla un contrato por dos mil millones de pesos para alimentar durante seis años a 12 mil 500 internos en el Sistema Estatal Penitenciario y mil custodios.

La autorización del contrato plurianual fue aprobado, con los votos de la mayoría de Morena y sus aliados políticos, a siete meses de que concluya la administración de Bonilla, y será coordinado por el comisionado Salvador Morales Riubí, dirigente estatal del PAN de 2005 a 2008, después director de ISSSTECALI y secretario particular del gobernador Kiko Vega.

De acuerdo al dictamen 166 de la Comisión de Hacienda, cada año, el gobierno estatal pagará 324 millones de pesos en promedio, lo que representa en promedio 50 pesos por persona privada de su libertad y custodios.

El Congreso local autorizó un primer pago de 300 millones, más el ocho por ciento de IVA, mientras en los cinco años siguientes incluye un incremento del 3.15 por ciento de inflación. Se estima que el servicio de alimentación alcanzará el último año de contrato un monto de 350 millones de pesos más impuestos y un acumulado superior a los dos mil millones de pesos.

En sus consideraciones, el gobierno de Bonilla Valdez argumenta que la Comisión Estatal del Sistema Penitenciario de Baja California "tiene la obligación de garantizar alimentación nutritiva, suficiente y de calidad, adecuada para la protección de su salud" de forma gratuita en los centros penitenciarios.

La diputada panista Loreto Quintero advirtió sobre las vicisitudes de un contrato plurianual sin evaluar el servicio adquirido y que además compromete recursos de toda la siguiente administración estatal.

Creada en 2020 por decreto de Bonilla la Comisión Estatal del Sistema Penitenciario de Baja California, área que salió del organigrama de la Secretaría General de Gobierno para depender directamente del gobernador, ha sido señalada por incumplir con el servicio médico a sus internos durante la pandemia que provocaron al menos cinco muertes.