Ciudad de México. La “cacería” realizada durante el sexenio Felipe Calderón, derivada de la estrategia contra el narcotráfico, tuvo como principales víctimas a mujeres pobres, con rezago educativo y víctimas de violencias previas. Algunas de ellas participaron en actividades delictivas orilladas por su entorno de precariedad económica o incluso fueron obligadas por hombres que ejercieron violencia de género para involucrarlas en esas actividades.

En la presentación del estudio Las Mujeres Olvidadas de la Guerra contra el Narco, de la organización, Asistencia Legal por los Derechos Humanos (Asilegal), expertas destacaron que en 2012, el 78 por ciento de los delitos del fuero federal cometidos por mujeres estaban relacionados con esa guerra y advirtieron que esa estrategia no ha terminado, pues en 2019 había 4 mil 150 mujeres detenidas por delitos relacionados con esa estrategia de seguridad.

En el análisis se indica que “para las mujeres, la persecución penal adquirió tintes particulares, no solo por la alta proporción de ellas que fueron acusadas y procesadas por determinados delitos, sino también por las diversas formas de violencia de las cuales fueron y siguen siendo víctimas.

“La política criminal implementada durante la Guerra contra el Narco tuvo por objeto combatir, además de los delitos contra la salud, el delito de secuestro, la delincuencia organizada, y los delitos relacionados con armas. Estos fueron los tipos penales por los cuales se envió a un número significativo de mujeres a la cárcel y que, aún ahora, siguen en proceso y sin una sentencia que dé certeza a su situación jurídica”.

Detalla que para el año 2015, el 38.9 por ciento de los delitos por los cuales las mujeres se encontraban privadas de libertad por el fuero federal estaban relacionados con las drogas, sobre todo en su modalidad de posesión y comercio ilegal; el 25.23 por ciento estaba relacionado con posesión de armas y el 15.05 por ciento con el delito de secuestro.

“Es decir, aproximadamente el 79.18 por ciento de los delitos cometidos por mujeres dentro fuero federal estaban relacionados con el combate al narcotráfico y a la delincuencia organizada”.

En conferencia de prensa virtual se habló de la “tremeda criminalización de la pobreza y de la mujer” que implicó esa estrategia de seguridad. El análisis plantea que “96 por ciento de las mujeres eran jefas de familias al momento de su detención”; “86 por ciento son madres” y “78 por ciento tuvieron a sus hijos entre los 14 y 19 años de edad”, lo que es indicativo de violencia sexual.

Yndira Sandoval, coordinadora de Las Constituyentes Mx, aseguró que sin duda “en esa guerra contra el narco, las olvidadas y las más perjudicadas y desfavorecidas son las mujeres”.

Entre muchas situaciones fueron víctimas de “detenciones arbitrarias”, una práctica “permamente, sistematizada y cotidiana” que ocurrió en el contexto de dicha estrategia, y precisó que “la militarización ahora se ha consolidado con una serie de atribuciones constitucionales, y regulada en una serie de leyes secundarias, que en sí ese hecho ya representa violaciones graves a los derechos humanos, en donde siempre las mujeres son las afectadas”. También fueron víctimas del “uso excesivo de la prisión preventiva”, incluso algunas de las pasaron hasta tres años en esa condición.

La periodista indepeniente Danilea Rea, comentó que el análisis “habla del contexto de pobreza en el que se decide sacar a los militares a las calles e iniciar una criminalziación de la población para poder llenar las cárceles, y con esto justificar el supuesto combate al crimen”.

La investigación expresa que “el tema de la criminalidad de las mujeres mexicanas ha sido altamente ignorado, y subsumido en las sombras durante mucho tiempo. En parte porque las mujeres en conflicto con la ley penal siempre han representado un menor número en comparación con los hombres, pero también porque son los hombres quienes se llevan la atención y en quienes se enfocan todas las políticas de prevención del delito y de seguridad”.

Recuerda que “la promesa de Felipe Calderón rumbo a las elecciones de julio de 2006 era combatir la pobreza, la desigualdad social y el desempleo; promesa que quedó desdibujada el 10 de diciembre de ese año, ordena el despliegue del Ejército en Tierra Caliente, Michoacán para combatir al crimen organizado. Evento que marcó el inicio de una serie de eventos cargados de violencia”.

Alude que aunque “la declaración de guerra” fue en 2006, “ésta se fortaleció a partir de la firma en 2008 de la Iniciativa Mérida”.

Destaca que la mayor parte de las detenidas, “no tienen un papel relevante dentro de las redes de las organizaciones criminales”, y “la comisión de estos delitos, en su mayoría, se encuentran vinculados a contextos de exclusión social, pobreza y violencia de género que las mujeres enfrentan y han enfrentado, incluso antes de estar en conflicto con la ley penal”.