Río De Janeiro. Responsable por el juicio y la detención del ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva, la Operación Lava Jato (Lavado Rápido), conducida por el ex juez Sergio Moro, pasa por una situación crítica: el Supremo Tribunal Federal (STF) analiza un pedido de la defensa del ex mandatario para declarar al magistrado sospechoso de haber actuado con parcialidad.

Si es aprobada, la medida tendrá un efecto mucho más amplio y devastador sobre los juicios a los que el ex mandatario (2003-2011) responde que la decisión tomada el lunes por el juez Edson Fachin, también integrante de la Suprema Corte, que anuló las condenas impuestas y transfirió las causas a otro tribunal.

Si el STF declara que Moro actuó de manera parcial y manipuladora, todos los actos de investigación que él autorizó como juez serán anulados. Eso incluye órdenes de búsqueda y captura a revelación de registros telefónicos y bancarios, además de interceptaciones telefónicas.

El lunes, al anular las condenas y enviar los procesos a la justicia federal de Brasilia, Fachin había determinado que nuevos jueces evaluaran si sería posible aprovechar los actos del juicio conducidos por Sergio Moro. Si se declara, tal como hay fuertes indicios, que fue parcial, a los nuevos jueves les tocaría evaluar si los procesos deben empezar de cero.

De los cinco integrantes de la mesa encargada de analizar el pedido enviado por la defensa de Lula en 2018, dos ya habían votado en favor de rechazarlo. Pero cuando un integrante de la Corte Suprema pide vistas, es decir, más tiempo para estudiar pedidos, todo el procedimiento es postergado.

Curiosamente, el mismo integrante del TSF, Gilmar Mendes, que hizo tal pedido a finales de 2018, ahora reabrió el tema. Y lo hizo con un voto largo –casi dos horas– y con contundencia inusual.

Señaló, entre otras cosas, que la conducta de Moro y de la Operación Lava Jato constituyen el mayor escándalo de la historia de la justicia brasileña.

Defendió con enfásis que todas las pruebas obtenidas sean sumariamente anuladas. Criticó duramente que Moro haya aceptado ser ministro de Justicia del presidente ultraderechista Jair Bolsonaro, elegido en una contienda que tenía a Lula como claro favorito pero que, a raíz de su prisión decretada por el entonces juez, no pudo disputar.

Ha sido un aluvión de críticas, con la lectura de material obtenido por hackers que invadieron conversaciones entre Moro y los fiscales, revelando que todo el juicio fue manipulado claramente.

Quedó evidente, dijo Mendes, una confusión entre las atribuciones de juzgar y acusar por parte del magistrado Moro.

Otro integrante del grupo de la Corte Suprema, Ricardo Lewandowski, ha sido igualmente duro en sus críticas para justificar ser favorable a que se declare sospechoso a Moro.

Se trató de un verdadero simulacro de acción penal

En su voto aseguró que Lula no fue sometido a un juicio justo, sino a un verdadero simulacro de acción penal, cuya nulidad salta a los ojos.

Cuando le tocó votar, Kassio Nunes Marques, el más reciente integrante de la Corte, señalado por el ultraderechista Bolsonaro, bajo el argumento de que recién llegó y necesitaba más tiempo para examinar el proceso, pidió vistas.

Aunque parezca razonable, su pedido despertó rumores indicando que, antes de votar, iría a consultar no sólo a Bolsonaro, sino también a sondear la reacción de los militares incrustados en el gobierno frente a la más que posible anulación de todo el juicio contra Lula.

Otro punto que llamó la atención de juristas y analistas políticos: la ministra Carmen Lucia, que en 2018 había votado contra el pedido de la defensa de Lula, refirió que esperaría por el voto de Nunes Marques antes de emitir el suyo.

Eso fue considerado señal de que pretende cambiar su voto, derecho que le es asegurado, pasando a condenar Moro y todas sus acciones.

Si se confirman esos indicios, Lula da Silva habrá obtenido, finalmente, lo que siempre reivindicó: que se declare su inocencia y la manipulación de un ex juez que ahora es consultor de empresas que tratan exactamente de administrar lo que quedó de empresas que su Lava Jato llevó a la quiebra.