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Preferible que México pacte con empresas tras reforma eléctrica: ICC

Los recursos legales para frenar la implementación de la reforma eléctrica por parte de las empresas afectadas se interpondrán antes de que finalice marzo, dijo la International Chamber of Commerce (ICC) México. Foto Cristina Rodríguez / Archivo
Los recursos legales para frenar la implementación de la reforma eléctrica por parte de las empresas afectadas se interpondrán antes de que finalice marzo, dijo la International Chamber of Commerce (ICC) México. Foto Cristina Rodríguez / Archivo
10 de marzo de 2021 13:44

Ciudad de México. Los recursos legales para frenar la implementación de la reforma eléctrica en México por parte de las empresas afectadas se interpondrán antes de que finalice marzo, dijo la International Chamber of Commerce (ICC) México, organismo que espera exista una solución porque es preferible “un mal acuerdo, que un buen pleito”.

En conferencia virtual Claus von Wobeser, presidente de la cámara, explicó que las modificaciones a la Ley de la Industria Eléctrica son inconstitucionales porque es contraria a los artículos 1°, 4°, 14, 16, 17, 25, 27, 28 y 33 de la Constitución.

“Viola la obligación estatal genérica de defensa de los derechos humanos, el derecho a la salud y a un medio ambiente sano, el principio de irretroactividad de la ley, el principio de seguridad jurídica, el principio de sustentabilidad y competencia, la prohibición de monopolios y el respeto a los tratados internacionales”, apuntó.

Agregó que se advierte una oleada de acciones de inconstitucionalidad, controversias constitucionales y amparos, por lo que será el Poder Judicial el encargado de determinar la prosperidad o muerte de la reforma.

Agregó que si prospera la reforma, entonces las empresas recurrirán a arbitrajes de inversión, recurso contemplado en los diferentes pactos comerciales que México ha firmado.

Señaló que es probable que todas las empresas recurran a amparos, mientras que es probable que la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) y los partidos de oposición recurran a controversias constitucionales.

Señaló que en caso de que las empresas deban recurrir a controversias bajo el amparo de tratados internacionales, estos tienen plazos amplios para ser presentados y pueden ser resueltos hasta tres años después.

Agregó que si se determina que el gobierno mexicano deba pagar indemnizaciones, será la siguiente administración federal la que deba encargarse de hacerlo.

Señaló que no es tan fácil que las empresas lleguen a un acuerdo porque existe la ley, pero si lo hubiera será visto con “buenos ojos” y mandará buenas señales a los inversionistas.

“Siempre es mejor un ‘mal arreglo, que un buen pleito’.Yo creo que muchas empresas preferirán llegar a un arreglo y no entrar a una controversia con México. Nosotros exhortamos al gobierno y a los inversionistas para tratar de llegar a un arreglo porque lo peor sería llegar a un litigio”, sentenció.

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