Madrid. En el que fue uno de los días más aciagos para el movimiento independentista catalán, se confirmó por un lado la retirada de la inmunidad parlamentaria para el ex presidente de Cataluña, Carles Puigdemont, y de dos colaboradores suyos que se refugiaron junto con él en Bruselas, Toni Comín y Clara Ponsatí.
Por otro lado, el juzgado de vigilancia penitenciara de Cataluña revocó la condición de tercer grado penitenciario a los siete líderes políticos que cumplen condena por su participación en la declaración unilateral fallida de independencia de octubre del 2017, que es el origen de ambos conflictos jurídicos.
Ambas medidas han puesto de nuevo al independentista catalán en pie de guerra contra el Estado español, con especial virulencia hacia el gobierno del socialista Pedro Sánchez, que corre el riesgo de perder uno de los apoyos parlamentarios que le han permitido mantenerse en el poder, el de los diputados de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC).
Todas las miradas estaban puestas en el pleno del Parlamento Europeo, en Bruselas, que tenía en el orden del día resolver la retirada de la inmunidad parlamentaria a los tres eurodiputados catalanes a petición de los tribunales españoles, que todavía les buscan para juzgarles por los delitos de sedición, malversación de caudales públicos y desobediencia.
En la votación, más ajustada de lo que esperaba el gobierno español, se decidió quitarle esa protección de aforados para que respondan ante los tribunales que les reclaman. Los votos a favor fueron 400, la mayoría de la derecha del Partido Popular Europeo (PPE) y de los partidos socialdemócratas, mientras que 248 votaron en contra y hubo 45 abstenciones.
La mayoría de los votos en contra fueron de los partidos nacionalistas europeos, algunos de extrema derecha, como los flamencos belgas y los franceses liderados por Marine Le Pen, pero también había muchos votos en contra de los partidos verdes, de la izquierda comunista e incluso de los europarlamentarios españoles de Unidas Podemos (UP), que forman parte de la coalición de gobierno en España.
A partir de ahora se inicia un nuevo y largo conflicto judicial que se ira resolviendo a lo largo de los próximos meses, quizá años, ya que hay varios frentes desde los que desarrollará su estrategia de defensa el propio Puigdemont y sus colaboradores, que ya cumplieron, en octubre pasado, tres años de que decidieron refugiarse en Bélgica para evadir a los tribunales españoles por su actuación durante la declaración fallida de secesión de octubre del 2017. Unos hechos por los que sí fueron juzgados la mitad de los integrantes del gobierno que presidía Puigdemont, y que decidieron afrontar el juicio y la condena en España.
Ante la decisión del Parlamento Europeo, el magistrado del Tribunal Supremo que instruye la causa, Pablo Llarena, decidió plantear una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea para que se pronuncie en primer lugar sobre el alcance de las posibilidades de la emisión de una Orden de Detención Europea, en la que también solicita las razones para su denegación. Esta petición pretende despejar el proceso que se iniciará ahora en los tribunales de Bélgica para que autoricen la entrega de Puigdemont y que ya rechazaron en una ocasión.
Después de conocer el fallo, el propio Puigdemont compareció ante los medios para denunciar una supuesta “persecución política”, en la que ahora también se ha involucrado el propio Parlamento Europeo y que supone una “degradación” de la “democracia europea”: “Hemos perdido pero el Parlamento ha perdido más que nosotros y la democracia, también. Esto es una persecución política”, insistió el ex presidente catalán.
El otro gran varapalo para el independentismo catalán se registró en el Juzgado de Vigilancia Penitencia de Cataluña, que, como era previsible, decidió revocar la concesión del tercer grado penitenciario -que supone una semilibertad para cumplir la condena- para los siete políticos separatistas encarcelados y que fue concedido para que participaran en la campaña electoral del pasado 14 de febrero.
El tribunal se amparó en la anterior revocación del Supremo para concluir que no han completado el tiempo suficiente de condena, de manera que la semilibertad es “prematura”, y que no han asumido su delitos, con lo que advierte que no ve en los condenados “un mínimo de asunción de responsabilidad penal en el sentido de haber quebrado normas básicas de convivencia”.
