Ciudad de México. El monto de inversión del sector privado en el tercer paquete en infraestructura será menor a lo previsto debido a la reforma eléctrica aprobada por el Congreso de la Unión, dijo el Consejo Coordinador Empresarial (CCE).
El organismo cúpula de la iniciativa privada advirtió que prácticamente todas las empresas que han invertido en el sector eléctrico interpondrán recursos legales, que se sumarán a los que tengan Greenpeace y la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece).
En conferencia virtual para dar a conocer las conclusiones del foro “Electricidad para el futuro de México”, Carlos Salazar Lomelín, presidente del CCE, comentó que el diálogo con la Unidad de Inversiones de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) para formalizar el tercer paquete de inversiones continúa.
“Sin embargo, el hecho de que las inversiones en energía vayan a quedar detenidas, cuando menos hasta que tengamos una mayor claridad de cuál es la reacción de los inversionistas en este sector, creo que vamos a tener un efecto sin duda importante en el monto de las inversiones que podemos esperar adelante”.
El líder empresarial recordó que de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) la inversión fija bruta descendió 18.3 por ciento en 2020, lo cual se suma a la contracción de 2019, que fue de 9 por ciento.
“En los últimos dos años la inversión total ha disminuido 30 por ciento. No son cifras apocalípticas, son cifras generadas por el Inegi, la cifras que realmente explican por qué no hemos podido crecer en el producto interno bruto (PIB)”, apuntó.
Señaló que el descenso de 2020 ha sido explicado por la pandemia del Covid-19, pero a ello se suman las medidas en política energética que “inhiben la capacidad de inversión”.
“Una consecuencia que nos preocupa es la incertidumbre que esto le provocará a las futuras inversiones del país, en un momento en que la inversión se está retrayendo en una forma muy importante”, agregó.
Roger González, presidente de la Comisión de Energía del CCE, comentó que todas las acciones legales para evitar la implementación de la reforma se concretarán una vez que la Ley de la Industria Eléctrica se publique en el Diario Oficial de la Federación.
“Hay una buena cantidad de empresas que se están preparando para poner o tomar acciones legales. Entendemos también que hay otros organismos como Cofece que pudieran tener acciones legales, lo mismo que otras organizaciones que se han visto afectadas y que ya en el pasado lo han hecho, una muy notoria es Greenpeace, que desde el año pasado ha estado muy activa legalmente”, dijo. “Vamos a ver un muy buen número de acciones legales de muchísimas empresas, por no decir la mayoría de empresas”, agregó.
Salazar Lomelín insistió que la iniciativa privada quiere una Comisión Federal de Electricidad (CFE) sana y fuerte financieramente, pero también energía barata a todos los mexicanos, incluido el sector productivo.
Vicente Yañez, presidente ejecutivo de la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicios y Departamentales (Antad), resaltó que las empresas han invertido 880 mil millones de pesos en el sector eléctrico, cifra equivalente a la recaudación anual del ISR, por lo que consideró que México debe ser atractivo para retener las inversiones ya hechas, pues generan empleos y bienestar.
José Manuel López Campos, presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco-Servytur), reiteró que el costo de la reforma se traducirá en un mayor subsidio de parte del gobierno, pero no será de un efecto inmediato si es que se traslada en el precio de los productos.
