Ciudad de México. De manera unánime, con 432 votos a favor, la Cámara de Diputados aprobó modificar la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, para establecer que entre los causales de violencia física los actos que se comenten con alguna sustancia corrosiva y/o tóxica.
Tras recordar entre los fundamentos de la la iniciativa los distintos casos de ataques con ácidos o sustancias tóxicas, la modificación obligará a modificar los códigos penales para establecer penas específicas para este tipo de casos. La minuta pasó al Senado para ser ratificada.
La petista Margarita García indicó que en los últimos años se han registrado al menos 13 agresiones de este tipo. En dos de los casos, las víctimas fueron asesinadas por lo que ante el crecimiento de estas agresiones no pueden ser toleradas. La mayoría de los ataques por ácido son de hombres contra mujeres, agregó.
Al fundamentar el dictamen, la panista Verónica Sobrado Rodríguez apuntó que el modificar el artículo 6 de dicha legislación cobra mayor relevancia por aprobarse en el marco del Día Internacional de la Mujer. Indicó que el uso de sustancias corrosivas “deben ser consideradas como una forma grave de violencia premeditada, ya que las consecuencias van desde desfigurar, hasta lisiar o cegar a las víctimas. Esto no es más que la muerte en vida”
Este tipo de sustancias provocan la muerte del tejido, problemas respiratorios y “dañan fuertemente su autoestima e irrumpe su proyecto de vida”, agregó.
De manera previa, establecieron modificaciones a esta misma legislación para garantizar que las secretarías de seguridad o análogas de las entidades creen grupos policiales especializados en atención a violencia en razón de género, así como otro ajuste más para establecer dentro de las atribuciones en materia de perspectiva de género de los municipios, la conformación dentro de las dependencias encargadas de la seguridad pública una unidad de policía especializada en la atención de víctimas de violencia contra las mujeres.
También definieron como obligación de la federación el realizar las acciones necesarias a efecto de promover, salvaguardar y garantizar los derechos humanos de las mujeres migrantes, así como incluir al Instituto de las Mujeres (Inmujeres) en la junta directiva de Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte.