Guadalajara, Jal. La Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDHJ) acreditó responsabilidad no de dos sino de quince funcionarios públicos en el caso de Diana, una empleada del ayuntamiento de Tototlán que denunció hace un año -sin que alguien diera seguimiento a su queja-, acoso y hostigamiento sexual por parte de su jefe inmediato, el director de padrón y licencias de ese municipio, quien junto al alcalde recién renunció al cargo tras el escándalo.

La defensoría emitió una recomendación en la que además de las conductas del jefe inmediato de la empleada, Efraín Martínez Íñiguez, y del alcalde Sergio Quezada a quien la víctima pidió intermediación y terminó siendo acosada también por él, Diana también padeció de “omisiones y aquiescencia por parte de diversas autoridades municipales” y “omisiones y actuaciones deficientes” de agentes del ministerio público de la Fiscalía del Estado.

Entre los señalados están el encargado de la Hacienda Municipal, el oficial mayor, algunos integrantes del pleno del ayuntamiento, algunos regidores, la síndica, el secretario general, el titular del Órgano Interno de Control, todos del ayuntamiento de Tototlán.

La recomendación pide reparación integral del daño para la víctima directa y las víctimas indirectas -dejó de laborar después del hostigamiento y se encuentra de licencia sin goce de sueldo-, además de medidas de rehabilitación, compensación, satisfacción y garantías de no repetición que resulten procedentes.

Entre otras peticiones, como medida de acción afirmativa y de efecto transformador, la CEDHJ pidió que se instale la Unidad de Género del Gobierno Municipal de Tototlán para que, en coordinación con el Comité de Ética, “se diseñe el Protocolo de Prevención, Atención y Sanción del Acoso y Hostigamiento Sexual en el ayuntamiento, con la finalidad de que dicha acción contribuya a institucionalizar la perspectiva de género”.