Miami. Tres venezolanos se declararon culpables de haber participado en una fallida invasión armada que el año pasado intentó derrocar al presidente Nicolás Maduro.

En la audiencia del viernes ante un tribunal colombiano, los hombres de nacionalidad venezolana reconocieron su responsabilidad junto a Jordan Goudreau, un ex boina verde de los Estados Unidos y veterano de la guerra de Irak, en la conformación de una célula militar de solo algunas decenas de militares desertores venezolanos que intentaban derrocar el gobierno socialista de su país. Entre sus objetivos se incluían asaltar instalaciones militares y el palacio presidencial.

“Pido perdón al gobierno colombiano”, fueron las palabras del mayor Juvenal Sequea, uno de los procesados, ante un juez de Bogotá cuando él y otros dos implicados aceptaron cargos menores como brindar asesoría y apoyo logístico a grupos armados ilegales.

La llamada Operación Gedeón, o Bahía de los Cochinillos, como se conoció la fallida invasión, tuvo un final trágico, pues seis rebeldes murieron y dos estadunidenses -ex compañeros de Goudreau en las Fuerzas Especiales- se encuentran en una prisión de Caracas, la capital de Venezuela. El complot nunca tuvo posibilidades de éxito contra las leales y fuertemente armadas fuerzas militares de Maduro que, además, habían logrado infiltrar la operación meses antes.

Juvenal Sequea y el mayor Juven Sequea, ambos acusados en Colombia, son los hermanos mayores del capitán de la Guardia Nacional Bolivariana Antonio Sequea, quien confesó ser el comandante de la fallida incursión armada del 3 de mayo de 2020 y ahora está preso en Caracas. La tercera persona en declararse culpable es Rayder Ruso, un civil que por años ha buscado derrocar a Maduro.

El único delito por el que se declararon culpables puede darles entre 6 y 10 años de cárcel. Sin embargo, según la ley colombiana, podrían quedar en libertad condicional o detención domiciliaria si reciben una sentencia de menos de ocho años, lo que significa que podrían quedar en libertad a cambio de cooperar con la justicia. Hace seis meses, cuando fueron capturados en Colombia, los tres implicados fueron acusados de dar entrenamiento militar a grupos armados ilegales, un delito más grave que puede dar hasta 30 años de prisión.

Yacsy Álvarez, la cuarta acusada dentro de la investigación colombiana, se ha declarado inocente en repetidas ocasiones y acusó a las autoridades colombianas de haber estado en constante contacto con Cliver Alcalá, el general retirado del ejército venezolano que dirigía la operación. Álvarez es llamada a responder por el delito de tráfico de armas, por presuntamente ayudar a proveer armas de contrabando para los ex militares disidentes.

Álvarez fue la traductora de Goudreau, quien no hablaba español, durante sus visitas a Colombia. Los dos abrieron una filial de la empresa de seguridad de Goudreau, Silvercorp (con casa matriz en Florida), a mediados de 2019. La empresa registró su dirección en la ubicación de un hotel de lujo en Barranquilla (norte), según los archivos públicos colombianos.

También voló con Goudreau y otros dos ex boinas verdes, Luke Denman y Airan Berry, a Barranquilla a bordo de un jet Cessna propiedad de su jefe, el empresario Franklin Durán, quien lleva un largo tiempo haciendo negocios con el gobierno venezolano. En ese entonces, Álvarez vivía en Barranquilla, en el caribe colombiano, y trabajaba como gerente de marketing en Lubricantes Venoco, empresa de Durán.

Alcalá, quien coordinaba la operación clandestina, aceptó su responsabilidad horas antes de entregarse el 26 de marzo para enfrentar cargos por narcotráfico en Estados Unidos. Alcalá, quien ahora está a la espera de juicio en Nueva York, dijo que las armas pertenecían al “pueblo venezolano”. También arremetió contra el líder opositor Juan Guaidó, señalándolo de traicionar un contrato que había firmado con “asesores estadounidenses” para derrocar a Maduro.

Estados Unidos ha negado cualquier participación directa en la fallida incursión armada justo cuando la oposición de Venezuela se ha alejado de Goudreau, pese a haber firmado previamente un acuerdo para realizar la operación que buscaba capturar a Maduro y arrebatarle el poder. Goudreau demandó el año pasado a uno de los ayudantes de Guaidó, el analista político J.J. Rendon, por incumplir con el pago de 50 mil dólares a la empresa Silvercorp.