Cuernavaca, Mor. El gobierno del estado de Morelos dio a conocer que un juez de control del Tribunal Superior de Justicia de Morelos determinó que los cateos que realizó la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, la noche del pasado sábado en las instalaciones del Sistema Integral para Adicciones, Nueva Integración (SIANI) y el Centro de Asistencia Social para Adolescentes (CASA), violaron los derechos de los adolescentes, “al tratarlos como delincuentes y al cometer abuso de autoridad”.

Así también, dice la administración estatal en comunicado, en la audiencia celebrada el jueves 4 de marzo del presente año, las acciones de la autoridad fueron “actos de violencia, inconsistencias, presencia de policías de investigación criminal con armas largas y vulneración de derechos humanos, fueron algunos de los argumentos con los que el Juez de Control determinó que la Fiscalía incurrió en probable responsabilidad al atentar en contra de la integridad de los adolescentes involucrados”.

La noche del pasado 27 de febrero la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción realizó un cateo en las sedes de esos lugares de asistencia a adolescentes para supuestamente “localizar y verificar el estado y/o condición de los (13) menores” quienes de acuerdo con la Comisión de Derechos Humanos del estado de Morelos, habían denunciado presuntas torturas, en septiembre de 2020.

Acusa el gobernador una guerra política en su contra

Al respecto, el pasado primero de marzo, el gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo, calificó como un “abuso” y "uso excesivo de la fuerza” en el “operativo" de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, "para ingresar a las instalaciones donde se resguarda a usuarios del Centro de Asistencia Social para Adolescentes (CASA)", cuyo pretexto fue investigar presuntos abusos a los adolescentes que allí habitan.

Asimismo, el mandatario acusó al Fiscal General del Estado Uriel Carmona Gándara, al fiscal anticorrupción, Juan Salazar Núñez, y al presidente de la Comisión de Derechos Humanos del estado de Morelos, Raúl Hernández Cruz, de actuar por motivos políticos.

"Iniciaron una guerra política contra el gobierno estatal", reiteró Blanco Bravo.

Tanto a Carmona, como Salazar se les liga con el ex gobernador Graco Ramírez pues fueron designados en su administración; mientras que, por su parte, Hernández Cruz fue Director General Jurídico durante ese mismo gobierno, y acotó que le fue otorgada la notaría número 13.

Los fiscales "se están metiendo en temas políticos, en lugar de que se pongan a trabajar, a agarrar delincuentes”, aseveró Cuauhtémoc Blanco.