Ciudad de México. De cara a las elecciones de junio, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) emprenderá una estrategia para prevenir, proteger y sancionar los casos de amenazas y de violencias contra candidatas y candidatos a los distintos cargos de elección popular. 

El riesgo crece en el presente periodo electoral por la alta cantidad de cargos a elegir, ya que entre las 500 diputaciones federales, 15 gubernaturas, y la renovación de congresos estatales, presidencias municipales y regidurías, suman más de 21 mil cargos públicos que se disputarán en las urnas, explicó Rosa Icela Rodríguez Velázquez, titular de la SSPC al anunciar la estrategia este jueves en la conferencia de prensa en Palacio Nacional. 

Con ello se busca que no amenacen, intimiden o los obliguen a declinar, subrayó el presidente Andrés Manuel López Obrador. “Que sean los ciudadanos los que elijan, no los intereses creados, no la delincuencia organizada, no la delincuencia de cuello blanco”, indicó el mandatario. 

Detalló que, además, el gobierno federal dialoga con los distintos gobernadores para establecer acciones conjuntas, principalmente en la protección a los abanderados a las alcaldías. A la vez, pidió a los candidatos firmeza, ya que “la libertad no se implora, se conquista”, e insistió que habrá protección, la cual debe ser voluntaria y aceptada, porque no puede haber una intromisión por la fuerza. 

En tanto que Rodríguez Velázquez expuso que desde el gobierno federal habrá colaboración con distintas instancias y dependencias, como la unidad de Inteligencia Financiera, entre otras, para proteger a candidatos amenazados por el crimen organizado y de cuello blanco, ya que hubo regiones donde la delincuencia era la que establecía a los gobernantes. 

Al presentar la estrategia, informó que de septiembre de 2020 a febrero de 2021 se han registrado 73 delitos relacionados con acontecimientos de violencia política, con 64 personas víctimas de homicidio en algunas regiones del país. 

Los casos se concentran principalmente en siete entidades:  Oaxaca, Guanajuato, Veracruz, Guerrero, Morelos, Baja California y Jalisco, donde hay mayor riesgo de que las y los candidatos sean cooptación por parte de la delincuencia. 

Rodríguez explicó que los grupos criminales cuentan con “un repertorio variado de acciones” para incidir, ya sea con complicidad o acciones violentas, como agresiones, homicidios, secuestro y extorsión. Con ello obtienen control de las finanzas o exigen moches. 

“Es claro, como dijo el presidente, que se heredó el partido de la delincuencia organizada y no permitiremos que ellos decidan o amenacen”, agregó. 

Dentro de dicha estrategia, el primer lugar de acciones será hacer un llamado a partidos y autoridades para que los candidatos cumplan con requisitos de ley, seguido de la realización de mesas de trabajo con fiscalías y autoridades locales para emitir alertas que prevengan la participación de la delincuencia. 

A la vez, se consulta con gobernadores sobre este tema, con énfasis a personas amenazadas y se brindará atención a candidatos amenazadas con previa apertura de carpetas y determinación de la protección. Adelantó que habrá reuniones semanales para evaluar el avance de esta estrategia.