Ciudad de México. El tercer tribunal colegiado en materia penal en Ciudad de México, confirmó el amparo que un juez federal le concedió a Alonso Ancira Elizondo, ex socio mayoritario de Altos Hornos de México (AHMSA), que ordena a un funcionario de la Fiscalía General de la República (FGR) que responda por qué realizó una declaración de manera ilegal a España, dentro del proceso de extradición.

Por unanimidad, los magistrados consideraron “inoperantes e infundados” los argumentos presentados por la Fiscalía, ratificando el fallo de Sandra Leticia Robledo Magaña, titular del Juzgado Primero de Distrito de Amparo en materia Penal, quien en octubre pasado le concedió la protección de la justicia federal.

De acuerdo con el resolutivo de la juez, en noviembre de 2019, Miguel Ángel Ortega Sánchez, fiscal ejecutivo adscrito a la Dirección de Procedimientos Internacionales, declaró que Ancira era investigado por diversos delitos, es decir, cohecho y uso indebido de atribuciones y facultades.

Por ello, el juez solicitó al juez de control del Reclusorio Norte, quien ordenó su aprehensión por el presunto delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, le informara si la declaración por el fiscal a las autoridades españolas, proceden de la carpeta de investigación FED/SEIDF/UNAI-CDMX/0000289/2019, que dio origen al pedido de extradición.

Además, solicitó que le entregaran los antecedentes de dicha investigación, pero al no obtener respuesta, Ancira Elizondo promovió un amparo, donde reclamó que las autoridades violaron sus derechos humanos de legalidad, seguridad y libertad, porque fueron omisas en manifestarse la calidad que ostenta, como imputado o investigado.

En el escrito que presentó el 15 de enero de 2020, el empresario pidió a la Fiscal Especializada de Asuntos investigue las posibles conductas irregulares de Ortega Sánchez, y a la Unidad Especializada de Investigación en Delitos Cometidos por Servidores Públicos y contra la Administración de Justicia le solicitó entregar registros de la carpeta de investigación y de aquella vinculada a los “injustos de cohecho y uso indebido de atribuciones y facultades”.

Por su parte, la Fiscal Especializada de Asuntos Internos pidió que, en el ámbito de su competencia, investigue las posibles conductas irregulares. Por esa razón, dicha autoridad, al rendir su informe se limitó a informar que se inició una carpeta de investigación, así como el nombre del agente del Ministerio Público de la Federación que la tiene a cargo y el domicilio en que se encuentra ubicada.