Santiago. A pocos días de que la semana pasada el gobierno del presidente Sebastián Piñera anunciara que involucrará al ejército en el conflicto con la nación mapuche en la Araucanía, dirigentes y organizaciones de resistencia indígena dijeron estar listas para enfrentarlo, así como también para negociar una solución al enfrentamiento con el estado chileno.
El gobierno dijo que los militares realizarán patrullajes conjuntos con las policías y que integrarán "puestos de mando" de coordinación estratégica" en la denominada "macrozona sur" del país, un territorio de 72 mil kilómetros cuadrados que afecta las regiones del Biobío, la Araucanía y de Los Ríos, donde tienen lugar acciones de resistencia indígena desde hace dos décadas pero que se han incrementado significativamente en años recientes, destinadas principalmente a combatir y expulsar la presencia de grandes empresas forestales que controlan casi 4 millones de hectáreas de bosques nativos que han sido reemplazados por plantaciones de pino y eucaliptus, especies foráneas.
Héctor Llaitul Catrillanca, vocero y cofundador de la Coordinadora de Comunidades en Conflicto Arauco-Malleco (CAM), una organización insurgente Mapuche, declaró en una entrevista al diario electrónico "Interferencia" que el "acuerdo nacional" acerca del conflicto Mapuche propuesto por Piñera, basado en exigir al Parlamento aprobar leyes más punitivas, solamente logrará agravar la represión porque "no están diciendo nada respecto de justicia para el pueblo mapuche. Esa es una solución que llevará a que el conflicto sea más profundo, más encarnizado, más agudizado".
Acerca del despliegue de las Fuerzas Armadas en el territorio, Llaitul dijo que "si nos vienen a agredir, tendremos que defendernos y resistir de alguna manera. Esa ha sido una característica de nuestro pueblo. Es una situación que analizamos entre las comunidades, estamos juntándonos, haciendo mucho trawün (asambleas, encuentros), articulando a las fuerzas, llamando a la unidad para la resistencia, en eso estamos nosotros".
El dirigente, que ha cumplido penas de carcel y que en 2017 fue involucrado en un montaje ilegal diseñado y realizado amañadamente por Carabineros para involucrarlo delictualmente, como la internación de armas, afirmó que el movimiento de resistencia Mapuche está disponible para conversar y acordar con el Estado chileno, acerca de la restitución de todas sus tierras ancestrales y para lograr autonomía/soberanía sobre ellas. Pero advirtió que "nosotros no vamos a conversar para dar continuidad a las políticas de integración o políticas sociales, que a nuestro juicio son puras migajas, y que en el fondo no resuelven en ningún sentido lo que son las demandas de nuestra gente por territorio y autonomía".
Otro referente territorial, "las comunidades y Lof (forma de organización social del pueblo mapuche) en Resistencia que conforman la Franja Lavkenche (habitantes de la costa del territorio araucano)", emitieron una declaración señalando que "el gobierno insiste en resolver mediante las armas la demanda histórica y legítima de las comunidades por recuperar sus tierras" y que "desde la Franja le decimos al gobierno que estamos dispuestos a resistir, bala por bala si es necesario. Y a nuestro pueblo llamamos a fortalecer el weichan (lucha del territorio rebelde) y el camino propio que como mapuche nos hemos trazado para avanzar hacia la liberación nacional".
