Ciudad de México. La reforma a la Ley de la Industria Eléctrica es violatoria a la libre competencia y obedece a un afán de control gubernamental, afirmaron los especialistas en materia energética Miriam Grunstein Dickter y José María Lujambio Irazábal.
Al participar en la charla "Luces y sombras: La reforma a la Ley de la Industria Eléctrica”, organizada por la asociación Inteli Juris, los analistas afirmaron que estos cambios legales van principalmente en contra de la participación privada en la generación de energía.
Lujambio Irazábal, socio de una consultora en energía con base en Texas, sostuvo que dar prioridad a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), abrir la posibilidad de revocar los contratos ya asignados a empresas privadas y terminar con el sistema obligatorio de subasta de energía son los principales puntos de la reforma que calificó de inconstitucionales.
Afirmó que existe una ideología estatista y nacionalista detrás de la reforma y sostuvo que uno de sus efectos será que la CFE tendrá que recurrir a sus termoeléctricas, que funcionan a base de combustóleo, lo cual apuntalará las finanzas de Petróleos Mexicanos (Pemex), “esa es la motivación detrás de la reforma”.
A su vez, Grunstein Dickter, quien trabajó en la Comisión Reguladora de Energía cuando se hicieron los cambios para permitir la inversión privada en electricidad, afirmó que la reforma actual provocará un desabasto de energía, pues actualmente las CFE solo genera alrededor del 60 por ciento del fluido eléctrico que se consume en el país.
“El Estado no da el ancho para el abasto de 130 millones de mexicanos”, sostuvo la también cofundadora de Brilliant Energy Consulting, y añadió que el mercado es la solución para garantizar la seguridad energética del país.
Ambos especialistas desestimaron que esta reforma pueda combatirse dentro de los acuerdos comerciales del Tratado México-Canadá-Estados Unidos (T-MEC), pues los intereses estadunidenses y canadienses en este sector de la industria mexicana son muy pocos, la mayoría de los inversionistas extranjeros provienen de España y Francia.
Además, añadieron, litigar estos casos en organismos de arbitraje internacional puede llevar años y es muy costoso.
Coincidieron en cambio que quienes quieran combatir esta reforma recurrirán al amparo, en busca sobre todo de obtener suspensiones provisionales que les permitan de manera inmediata seguir con sus proyectos hasta que, eventualmente, el caso llegue hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
