Ciudad de México. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), por medio de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), emitió una guía con enfoque electoral financiero con el objetivo de facilitar la prevención y detección de actos, omisiones u operaciones que pudieran favorecer, prestar ayuda, auxilio o cooperación de cualquier especie para la comisión de los delitos de lavado de dinero asociados con los procesos electorales.

El titular de la SHCP, Arturo Herrera, informó que la guía se implementará a partir del 1 de marzo de este año y terminará a finales de agosto después de la conclusión de los procesos electorales.

En conferencia de prensa externó que tras la observación empírica del fenómeno electoral demuestra que el día de las elecciones siempre hay un notable incremento del uso de efectivo.

Dijo que el día de mayor utilización de efectivo es el día de la jornada electoral, seguramente en algunas zonas remotas donde hay votación, hay que comprar refrescos, comprar alimentos, naturales pero tal vez no a los niveles que hemos estado viendo y la idea entonces de esta guía es ayudar a evitar que se abuse del sistema financiero para cometer ilícitos electorales.

Santiago Nieto, titular de la UIF, indicó que según datos publicados se habla de que el Banco de México ha recabado información de que en cada proceso electoral hay un incremento de 6 por ciento en el uso de efectivo durante las campañas electorales, en relación con el año inmediato anterior.

Además, se han identificado a personas físicas jóvenes que actúan como representantes legales, cuando se contrata a personas que no forman parte del padrón de proveedores del Instituto Nacional Electoral.

“Encontramos a lo largo de los últimos años se han presentado casos relacionados con la coincidencia en aportaciones y donaciones de personas físicas y morales con campañas electorales locales o federales, asociaciones que reciben dinero de empresas fachada o que distribuyen recursos a partir de tarjetas bancarias para financiar campañas electorales”.

Reveló que la UIF tiene presentadas tres denuncias hasta el momento en temas vinculados con lo electoral.

Por su parte, Juan Pablo Graf, presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), señaló que los actores involucrados son en la primera línea, el personal que tiene la interacción directa con los clientes y usuarios que son los sujetos supervisados y en esta ocasión pueden estar relacionados con el proceso electoral.

Luis Niño de Rivera, presidente de la Asociación de Bancos de México (ABM), por medio de un mensaje en video reconoció la importancia que conlleva que los procesos electorales se desarrollen en un entorno de libertad, igualdad y transparencia y “por ello estamos comprometidos a cuidar los mecanismos de financiamiento y el origen de los recursos que se utilicen en las campañas”, aseguró.

Una segunda línea dentro de las instituciones financieras, es el oficial de cumplimiento y el comité de comunicación y control. Ellos procuran el cumplimiento del régimen y se encargan de vigilar que la información que se va recabando se analice, se reporta en su caso a las autoridades competentes, y la tercera línea es el que tiene que ver con las instituciones financieras para vigilar que este proceso sea efectivo a través de la evaluación y la auditoría que hacen las propias instituciones desde sus procesos.

Este año, a través de procesos electorales a nivel municipal, estatal y federal, se elegirán 21 mil 368 cargos públicos en los tres niveles de gobierno.

A través de la guía, y de acuerdo con los riesgos identificados en México, se pretende dotar a los sujetos obligados (SO) de diversas herramientas, conocimientos y habilidades que deben poseer durante los procesos electorales 2020-2021, lo que garantiza la precisión en la aplicación del régimen de prevención de lavado de dinero (LD) en determinados contextos, así como la exclusión de ambigüedades.

Esta guía se integra por dos bloques: uno de conocimientos básicos en materia electoral, y otro de conocimientos técnicos en materia de prevención y combate al lavado de dinero, el financiamiento al terrorismo y el financiamiento a la proliferación de armas de destrucción masiva.

La guía detalla cómo se desarrollan los procesos electorales 2020-2021 y cuáles son las herramientas para mitigar los riesgos de lavado de dinero durante los procesos electorales.

Asimismo, se enlistan factores de riesgo relacionados con los clientes o usuarios de las entidades financieras, así como algunos indicadores predictivos de LD proveniente de delitos y faltas electorales, como el peculado electoral y el financiamiento por parte de la delincuencia organizada o de entes prohibidos por la ley, entre otras conductas.

La emisión de la guía tiene el propósito de potenciar el régimen de PLD para evitar la incorporación de recursos ilícitos a los procesos electorales de forma oportuna. El cumplimiento de dicho propósito permite, a su vez, materializar el principio de equidad en la contienda electoral ya que garantiza que los partidos políticos, las precandidatas, precandidatos, candidatas y candidatos cuenten con recursos financieros cuyo origen, destino y aplicación sea lícito.