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Reforma eléctrica traerá tarifas eléctricas altas: CCE

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Carlos Salazar Lomelín, presidente del CCE, en imagen de archivo. Foto Roberto García Ortiz
24 de febrero de 2021 17:16

Ciudad de México. La reforma a la Ley de la Industria Eléctrica implicará un aumento en los precios de las tarifas eléctricas a los hogares o en el costo de los productos que ofrece el sector productivo del país, dijo el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), organismo que negó proteger “intereses oscuros”.

Después de que la Cámara de Diputados aprobó modificaciones al marco legal que privilegia el despacho de energía de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Carlos Salazar Lomelín, presidente del organismo cúpula, comentó que la empresa estatal necesita ser reforzada en transmisión y suministro, áreas que son rentables.

Con datos de la empresa estatal, dijo que en 2019 la CFE presentó pérdidas por 10 mil 879 millones de pesos en generación debido a la tecnología obsoleta que utiliza, mientras que transmisión y distribución tuvieron ganancias por 18 mil 335 millones de pesos y 13 mil 690 millones de pesos.

Es necesario que se invierta en transmisión y suministro, porque entre 2019 y 2018 el número de usuarios creció 18 por ciento, mencionó.

Los privados han invertido 44 mil millones de dólares en generación, por lo que pueden disminuir el costo de la energía, explicó.

Con las subastas eléctricas se ha demostrado que la inversión privada ha reducido el costo de la electricidad. Datos de la Comisión Reguladora de Energía (CRE) indican que en promedio durante 2020 el costo total de la energía producida por las plantas de la CFE fue 26 por ciento superior al de la generación de los privados, destacó.

“No podemos prometer tarifas menores, si no tenemos mejores costos. Si los costos suben, alguien tiene que pagarlos, y ¿cómo se paga? pues con mayores precios, por qué los agentes económicos que reciban electricidad más cara tendrán que ponerlo como parte de su precio”, dijo.

El nuevo modelo de despacho implica un incremento al costo de abastecimiento básico de 63 mil 300 millones de pesos por año, que se traduce en un aumento de 17 por ciento, reiteró.

El CCE negó defender “intereses obscuros”. “Ojalá cuando esta iniciativa llegue al Senado, yo creo que hoy mismo, los senadores escuchen nuestros puntos de vista y vean por qué estamos hablando en beneficio de México y no solamente quejándonos de una ley como se pretende ver, que nosotros queremos proteger intereses oscuros o particulares. No queremos proteger ningún interés”, dijo.

No saben si el tercer paquete de inversiones en infraestructura serán afectadas, pues como sector privado siguen trabajando con el área de inversiones de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, pero deben preguntar a los inversionistas si están dispuestos a arriesgar su capital, comentó.

Habrán juicios de amparo por parte de las empresas que se sientan agraviadas, pero no hay un cálculo económico sobre cuánto pueden ascender las posibles indemnizaciones, mencionó.

Roger González Lau, presidente de la Comisión de Energía del CCE apuntó que en los dos últimos años la Inversión Extranjera Directa en el sector energético ha disminuido 70 por ciento como consecuencia de la falta de certidumbre.

Nathan Poplawsky, presidente de la Cámara Nacional de Comercio de la Ciudad de México (Canaco) señaló que la reforma pone en riesgo la permanencia de Estados Unidos en el T-MEC.

Consejos mundiales piden rectificar

Por otra parte, el Consejo Global de Energía Eólica (GWEC) y el Consejo Solar Global (GSC), los principales organismos mundiales de energía renovable, pidieron al gobierno de México restaurar urgentemente la transición del uso de combustibles fósiles a energías “renovables, limpias y competitivas”.

Los organismos pidieron a los senadores rechazar el proyecto aprobado por los diputados para evitar consecuencias adversas, que se extenderán más allá del sector eléctrico y afectarán las industrias locales, los hogares y la inversión.

La reforma eléctrica representa una amenaza inequívoca para la inversión del sector privado nacional y extranjero, además de socavar el principio de libre competencia, consideraron.

Están en riesgo de perderse 17 mil puestos de trabajo e iniciar “un efecto dominó nocivo en los sectores industriales y comerciales”, añadieron.

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