Ciudad de México. Sofía se entretiene con algunos juguetes en medio de un pequeño salón. Esto la distrae y le hace olvidar por un momento su realidad. Desde hace casi cuatro meses su familia huyó de Honduras, luego que su padre recibiera amenazas de muerte al no poder cumplir más con el llamado “impuesto de guerra” establecido por las pandillas.

La urgencia llevó a la familia de la pequeña a salir de un día a otro, sin planes, con poco dinero y apenas dos mudas de ropa para cada uno de ellos. Así, Sofía, su hermano, de 12 años, su madre y su padre, lo dejaron todo y emprendieron un incierto viaje “sin retorno” y sin un destino fijo.

Aunque sus padres intentan no revelar el motivo por el que dejaron Honduras, a sus siete años Sofía se ha dado cuenta de lo que sucede. “Iremos a un lugar mejor”, atina a decir.

Extraña todo. Sus amigos, su familia, la escuela. Pero sobre todo a su bisabuela, que era la persona más cercana a la pequeña. “Papi, ¿por qué no me regresas con mi abuela”, le dice en todo momento a Julián, su padre, quien confirma la dureza que representó haber huido desde Cortés, uno de los departamentos más peligrosos de Honduras.

Por razones de seguridad, se usan los nombres de Julián y Sofía para no revelar las identidades de esta familia. Tampoco desean que se dé a conocer en qué ciudad de México se encuentran por el momento. Lo único que el jefe de familia acepta detallar es que están desde hace un mes en un albergue en el sureste mexicano.

Para esta familia, en especial para los hijos, la travesía ha sido dura. Han sido más de tres meses de pasar hambre y sed, dormir en parques públicos o junto a la carretera, largas horas de caminatas y, sobre todo, los riesgos que conlleva la ruta migrante, en particular para los niños.

Las Agencias de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) y para la Infancia (Unicef) han advertido que los niños en movimiento “enfrentan una variedad de riesgos en los países de origen, tránsito y destino. Están expuestos a múltiples vulnerabilidades, incluida la detención migratoria, el secuestro, la separación de sus padres y cuidadores, la violencia, la explotación y el abuso; con mayores riesgos para las niñas”.

La pequeña Sofía ya siente los estragos del “viaje”, como llaman sus padres al camino migratorio. “Estoy cansada porque a veces caminamos mucho, a veces duermo mal… Lo más bonito es que estoy con mis papis”.

Desde hace unas semanas, Julián comenzó el proceso para solicitar asilo en México y confía en que las cosas se resuelvan pronto debido a que sus ahorros ganados en su micro empresa de soldadura ya se esfumaron al entrar a México y ahora han podido sobrevivir gracias al apoyo que reciben en el albergue.

“En cuanto tenga un documento, a trabajar”, dice en entrevista con La Jornada.

Datos recientes de la Unidad de Política Migratoria de la Secretaría de Gobernación, en 2019 fueron presentados ante en Instituto Nacional de Migración 51 mil 999 menores migrantes, de ellos, 22.8 por ciento viajaban solos. Del total, 30 mil 452 eran varones y 21 mil 547 niñas. Este año representó la cifra más alta de niñas, niños y adolescentes en ruta migratoria.

Casi la mitad de los menores presentados ante en INM en 2019, 47.6 por ciento (24 mil 740) eran originarios de Honduras, 31.2 por ciento (16 mil 246) de Guatemala, 13.2 por ciento (6 mil 871) de El Salvador, y el restante 7.9 por ciento (4 mil 132, de otros países.

La Organización de las Naciones Unidas también ha advertido que los niños migrantes están expuestos a los malos tratos, a la trata de personas y la explotación laboral o sexual, especialmente si viajan solos y por vías de migración irregular.

Al igual que a Sofía, a Yair se le ha ido parte de la infancia en el intento de su familia por llegar a Estados Unidos. De 12 años, este niño ya piensa como adulto y tiene claro su objetivo: “Llegaré a trabajar para sacar adelante a mi mamá”.

Las maras ya lo tenían en la mira, lo querían reclutar, asegura su madre, quien prefiere no revelar su nombre.

Yair, su madre, una tía y la bebé de ésta se encuentran en algún punto de la frontera norte de México. Esperanzados que pronto sean citados por las autoridades de Estados Unidos donde solicitaron refugio.

Son parte de los procesos pendientes de los Protocolos de Protección a Migrantes (MPP, por sus siglas en inglés), programa también conocido como Quédate en México, y desde hace varios meses han deambulado por México buscando modos para sobrevivir y para escapar de la pandemia de Covid-19.

Hasta la semana pasada, no tenían claridad de los pasos a seguir. Sólo sabían que el gobierno de Joe Biden abriría la revisión de los procesos.

Yair sueña con llegar a Estados Unidos y poder emplearse donde sea para apoyar a su familia. Sabe que su infancia quedó atrás, cuando debido a la violencia en su país, tuvo que dejar de jugar en las calles, salir con sus amigos y hasta de ir a la escuela.

“Espero ser feliz algún día. Tener un auto, una casa, muchas cosas. Ayudar a mi mamá y a mi tía”, dice el preadolescente a través de una llamada telefónica que él y su madre atienden.

Juan Ramírez, encargado del área jurídica del albergue para migrantes Guillermo Ranzahuer, en Oluta, Veracruz, señala que pese a las recientes reformas en la ley de migración del país que impiden la detención de niños en estaciones migratorias, la realidad es otra y los pequeños siguen siendo separados de sus padres.

“Se siguen dando atropellos por parte de personal del INM, de las procuradurías del menor y de los DIF estatales y municipales. Aquí en el estado, al menos, cientos de niños siguen siendo separados de sus familias, pues se detiene a los padres y se les recluye en estaciones migratorias, mientras a los pequeños se les envía a espacios adaptados por las autoridades, que muchas veces no cumplen con los requerimientos necesarios para darles un trato digno”.

Recuerda que la reforma a las normas buscaban anteponer el interés superior de la niñez, pero en la realidad al separarlos de sus familias “los dejan desprotegidos, desamparados y en circunstancias complicadas para sobrevivir.

Ramírez detalla que en las últimas tres semanas, en el albergue Guillermo Ranzahuer han recibido una veintena de niños migrantes que viajan con sus familias y han enfrentado riesgos de detención, separación o otros peligros.

Ante los riesgos de la detención de niños migrantes, la Acnur, la Unicef y la Unión Europea, destinarán 7.5 millones de euros –poco más de 9 millones de dólares– a un programa de 30 meses dirigido a la atención de los niños migrantes en Centroamérica, México y África del Sur.

El objetivo es fortalecer los sistemas de protección infantil y brindar alternativas a la detención migratoria de los pequeños. De acuerdo con personal de estas agencias, será en las próximas semanas cuando se den los pormenores y detalles del proyecto.

Las agencias de la ONU trabajarán junto con los gobiernos nacionales, autoridades locales y organizaciones de la sociedad civil para garantizar la mejora de la capacidad de los sistemas de protección infantil para incluir servicios sensibles al género y opciones de cuidado alternativo a la detención de migrantes.

También buscarán incrementar la capacidad de los actores de primera línea para identificar a los niños en movimiento que sufren o corren el riesgo de vivir violencia de género y enviarlos a cuidados alternativos apropiados en la familia y la comunidad.