Madrid. “El tema de (Mikel) Zabalza está muy feo. Se les ha ido la mano, se les ha quedado en el interrogatorio. Fue una parada cardiaca como consecuencia de la bolsa en la cabeza”, así relataba en una conversación telefónica el capitán de la Guardia Civil, Pedro Gómez Nieto, el asesinato del joven navarro de 33 años.

Zabalza, tenía 32 años, y era conductor de autobuses en San Sebastián, que cayó en manos de los llamados Grupos Antiterroristas de Liberación (GAL), que fueron los comandos paramilitares financiados por el gobierno español de entonces, del socialista Felipe González, para perpetrar torturas y asesinatos en la guerra sucia contra la organización separatista vasca ETA.

Por primera vez se escuchan esos documentos, que confirman el terrorismo de Estado, a pesar de que ningún tribunal los quiso admitir como prueba.

Según una documentación basada en documentos reales y grabaciones auténticas de algunos de los protagonistas, Mikel Zabalza fue secuestrado por un comando de los GAL de la Guardia Civil, que lo confundió con un militante de ETA, el 26 de noviembre de 1985. Fue trasladado en secreto al cuartel de la Guardia Civil de Intxaurrondo, donde fue interrogado y torturado hasta la muerte.

Su familia denunció su desaparición y no supo nada de su paradero hasta que el 15 de diciembre de ese año apareció su cuerpo flotando en el río Bidasoa. La conclusión oficial de su muerte fue que había muerto ahogado, al caerse al agua cuando intentaba escapar de una persecución de la Guardia Civil.

Eran los años más duros del terrorismo de Estado contra ETA, cuando estaban al frente, además del ex presidente González, el comandante de la Guardia Civil, Enrique Rodríguez Galindo, fallecido hace un mes y que fue condenado por los asesinatos de José Antonio Lasa y José Ignacio Zavala, también víctimas del terrorismo de Estado.

Ahora, cuando todavía está impune su asesinato, los documentalistas Miguel Ángel Llamas y Amaia Merino realizaron la investigación que convirtieron en la película Non dago Mikel? (¿Dónde estás Mikel?, en euskera).

En la reconstrucción de los hechos narran como aquella noche, además de detener a Mikel Zabalza también aprehenden a sus hermanos, Patxi y Aitor, a Ion Arretxe y a su novia Idoia Aierbe. Todos fueron llevados al cuartel de la Guardia Civil, incomunicados e interrogados con métodos severos. Y todos, menos Mikel Zabalza, salieron en libertad a los pocos días.

Durante más de veinte días la familia lo buscó desesperadamente, sin que recibieran ningún tipo de información ni de la policía ni de las autoridades españolas. Y así hasta que apareció su cuerpo flotando en el río. A partir de ahí iniciaron una campaña para denunciar su crimen, para que se investigara y para que se hiciera justicia. Pero ningún tribunal español lo aclaró.

Más aún, en aquellos años los periodistas de El Mundo, Manuel Cerdán y Antonio Rubio, publicaron la transcripción literal de las grabaciones que ahora se muestran en el documental y las aportaron como pruebas en el juzgado, sin embargo no fueron admitidas por la justicia bajo el argumento de que “no presenta una mínima calidad convictiva”.

La citada conversación fue entre el capitán Gómez Nieto con Luis Alberto Perote, entonces coronel del Centro Superior de Información de la Defensa (CESID, el entonces centro de espionaje del Estado español), quien además confirmó que existía un informe detallado sobre lo ocurrido aquellas días en el cuartel de Intxaurrondo.

Los hechos son tan oscuros y tan secretos que incluso cuando el director del documental, Miguel Ángel Llamas, empezó su investigación en 2011, fue detenido por la Policía Nacional y pasó un año y medio en la cárcel por su vinculación al portal de internet Apurtu.org, que fungía como medio de comunicación desde el que se denunciaban las violaciones a los derechos humanos y las torturas contra miembros de ETA u organizaciones sociales y políticas próximas al grupo separatista.

Ante los nuevos hallazgos, la vocero de EH-Bildu en el Congreso de los Diputados, Mertxe Aizpurua, explicó que iba a pedir al presidente del gobierno actual y también socialista, Pedro Sánchez, que reconozca en el Congreso de los Diputados que en España se ha practicado la tortura.

De hecho su pregunta específica será en la sesión de este miércoles y rezará: “¿Reconoce, como presidente del gobierno, que ha existido la práctica de la tortura por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado?”

Ya que, explicó: “estamos ante una realidad que debe de ser esclarecida y reconocida sin ningún tabú ni desprecio”. También se pedirá la comparecencia en el Senado del ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, para que explique estos hechos y aclare si existen más documentos relacionados con el caso.