Buenos Aires. Mientras miles de mujeres se manifestaron este miércoles ante los tribunales en reclamo de justicia por 57 feminicidios cometidos desde principios de este año, advirtiendo sobre la indiferencia de jueces y fiscales, el gobierno del presidente Alberto Fernández acusó a importantes empresas de generar desabasto de productos ante la disposición de controlar los precios de alimentos, que se dispararon provocando el aumento de la inflación, entre otras graves consecuencias.

En la lucha contra los aumentos indebidos de los alimentos, la Secretaría de Comercio Interior imputó a las empresas Mastellone, Fargo, AGD, Danone, Molinos Cañuelas, Bunge, Molinos Río de la Plata, Unilever, P&G, Paladini y Potigian por retención en sus volúmenes de producción y falta de entrega de determinados artículos de consumo masivo para comercializarlos. El desabasto era evidente en los días recientes.

Se tomó esta decisión al comprobar en visitas a supermercados la desaparición de varios productos de consumo masivo, que no se entregaban a los minoristas, y era evidente la retención en los volúmenes de producción de esas empresas.

El ministro de Producción, Matías Kulfas, advirtió la situación después de verificar que estas empresas no cumplían con los compromisos asumidos con el gobierno en estas graves circunstancias, y que faltaba abastecimiento por parte de los productores industriales. Además, estas situaciones provocaron un aumento de la inflación en más de cuatro puntos.

De la misma manera, el gobierno decidió tomar medidas ante el contrabando de soya a Paraguay y Brasil, después de la retención de 15 camiones en días pasados, cargados con más de 400 toneladas del grano para vender de manera ilegal. También se sabe que se llevan granos, como hace la empresa Vicentín, de Santa Fe, a Uruguay, para que salgan de los puertos de ese país y no pagar los impuestos en Argentina.

Mujeres en lucha

Nos queremos vivas, corearon miles de integrantes del movimiento feminista Ni Una Menos, que protestaron acompañadas por otros organismos ante los tribunales de esta capital y de todo el país para reclamar por Úrsula Bahillo, una joven de 18 años asesinada por su ex pareja, Matías Martínez, oficial de la policía bonaerense, cuando los feminicidios alcanzan una cifra impactante. Este miércoles se perpetraron dos nuevos asesinatos y se buscan los restos de una desaparecida, cuya pareja está detenida.

También se estimó que más de 5 por ciento de estos asesinatos han sido cometidos por policías o integrantes de las fuerzas de seguridad.

El asesinato de Úrsula por su ex pareja, quien además había sido denunciado por otras dos mujeres y por la violación de una niña de 14 años, fue la gota que derramó el vaso.

Amnistía Internacional, que apoyó la marcha, destacó la importancia de que se realice una investigación rápida y eficaz por el feminicidio de Úrsula, quien denunció en 18 oportunidades a su ex pareja, la última vez tres días antes de ser asesinada, sin lograr respuesta alguna de los fiscales y debiendo soportar el abandono policial.

Por Úrsula y por todas, ¡basta de justicia patriarcal y de represión policial!, fue una de las expresiones de este día, de las mujeres que comienzan otra etapa de lucha contra estos crímenes de género, que se advierte será potente hasta lograr justicia integral.

En tanto, el presidente Fernández recibió a Patricia y Adolfo, padres de Úrsula, y escribió en Twi-tter que este feminicidio demostró hasta dónde la violencia machista penetra y anida en las instituciones del Estado.

La justicia está en el ojo de la tormenta por la evidente falta de respuesta de fiscales, jueces y policías, y también por la continuidad del llamado lawfare, mediante la mesa judicial establecida por el ex presidente Mauricio Macri (2015-2019). Mientras, importantes magistrados han denunciado la persecución sufrida durante el pasado gobierno y la complicidad de las cúpulas judiciales.

La Cámara Federal de Casación, por intermedio del presidente de la sala IV, Mariano Borinzky, frenó temporalmente el traslado de la investigación sobre el espionaje ilegal y los casos de extorsión y creación de causas falsas, judicializando la política para perseguir opositores (lawfare), que se puso en marcha durante el gobierno de Macri, con la complicidad de periodistas, medios de comunicación, agentes de inteligencia, jueces y fiscales, algunos de los cuales están hoy procesados.

Se intenta sacar esta causa de manos de jueces independientes, como Alejo Ramos Padilla y Juan Pablo Auges, para entregarlas a los magistrados de la mesa judicial, que ahora trata de salvar a Macri y sus ex funcionarios de las investigaciones, que avanzan con suficiente prueba en delitos en los que están implicados.

El abogado Carlos Beraldi, que representa a la ex presidenta y actual vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, la dirigente política más perseguida por la oposición derechista y víctima de inauditas campañas mediáticas, busca llevar el tema ante la corte y que las causas se mantengan en manos de ambos jueces, que han demostrado independencia evidente y responsabilidad.

Otros querellantes, además de Fernández de Kirchner, tendrán 10 días para presentar recursos y Casación deberá decidir si les concede ir a la Corte Suprema. La situación es insostenible y hay demandas de los organismos de derechos humanos que fueron atacados en el pasado gobierno y demonizados por los sectores políticos que conforman la alianza derechista Cambiemos.