Ciudad de México. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) llamó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para que “a la brevedad posible” sesione y resuelva favorablemente el caso de la desaparición forzada de los luchadores sociales Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya, ocurrida el 25 de mayo de 2007 en el estado de Oaxaca.
En un comunicado, el organismo público recordó que el pasado 4 de junio la SCJN atrajo el caso, luego de que el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito resolviera que el Máximo Tribunal del país analizara la validez de un amparo otorgado por un Juzgado de Distrito a los familiares de ambas víctimas, que permitiría profundizar las investigaciones de manera completa y exhaustiva, así como continuar con su búsqueda, hasta que se dé con el paradero de los mismos.
“El recurso de revisión deriva de la inconformidad promovida por servidores públicos de la Secretaría de la Defensa Nacional y la Fiscalía General de la República, quienes lejos de apoyar en la investigación para esclarecer los hechos, con verdad y transparencia, se inconformaron”, indicó la Comisión.
En ese contexto, la CNDH destacó que observa con preocupación que “a más de un año de la resolución del Segundo Tribunal Colegiado y a más de 13 años de la desaparición de Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya, la SCJN aún no ha definido fecha para celebrar la sesión en la que se analizará el caso”.
En la sentencia emitida por el Juzgado de Distrito, dijo, se reconocieron violaciones graves a los derechos humanos de los luchadores sociales, lo cual coincide con el contenido de la Recomendación 007/2009 emitida por la propia CNDH, en la que se advirtió que diversos servidores públicos de la Federación intervinieron en la desaparición forzada de Cruz y Amaya, y vulneraron sus derechos a la libertad, integridad personal, legalidad, seguridad jurídica, acceso a la justicia, defensa y debido proceso.
“Para la CNDH este caso resulta significativo y de suma importancia ante la gravedad de las violaciones a derechos humanos cometidas, por lo cual llama a la SCJN para que emita la resolución favorable a las víctimas directas e indirectas del caso y fije criterios que beneficien a quienes han sufrido este ilícito y garanticen el acceso a la justicia, a la verdad, así como a la reparación integral del daño”, resaltó el organismo.