Buenos Aires. Mientras miles de mujeres marcharon este miércoles ante los tribunales reclamando justicia ante el crimen por feminicidio de 57 mujeres desde principios de este año, advirtiendo sobre la indiferencia de jueces y fiscales, el gobierno del presidente Alberto Fernández acusó a importantes empresas por generar desabasto de productos ante la disposición de controlar los precios de alimentos, que se dispararon provocando el aumento de la inflación, entre otras graves consecuencias.

En la lucha contra los aumentos indebidos de los alimentos, la Secretaría de Comercio Interior imputó a las empresas Mastellone, Fargo, AGD, Danone, Molinos Cañuelas, Bunge, Molinos Río de la Plata, Unilever, P&G, Paladini y Potigian, por retención en sus volúmenes de producción y falta de entrega de determinados productos de consumo masivo para comercializarlos. El desabasto era evidente en los últimos días.

Se tomó esta decisión al comprobar después de las visitas a los supermercados en los cuales habían desaparecido varios productos de consumo masivo que no se entregaban a los minoristas y era evidente la retención en los volúmenes de producción de esas empresas.

El ministro de Producción, Matías Kulfas, advirtió la situación  después de verificar que estas empresas no cumplían con los compromisos asumidos con el gobierno en estas graves circunstancias, y que faltaba abastecimiento por parte de los productor industriales.  Además, esta situación provocó un aumento de la inflación en más de cuatro puntos.

De la misma manera el gobierno decidió tomar medidas ante el contrabando de soya a Paraguay y  Brasil, después de la retención de 15 camiones  en  los últimos días cargados con ese grano para vender de manera ilegal más de 400 toneladas.

También se sabe que se llevan granos, como lo hace la empresa Vicentín, de Santa Fe, a Uruguay para que salgan de los puertos de ese país y no pagar los impuestos en Argentina.

Mujeres en lucha

“Nos queremos vivas”, corearon miles de integrantes del movimiento feminista Ni Una Menos, acompañadas por otros organismos que marcharon ante los tribunales de esta capital y de todo el país, para reclamar por Úrsula Bahillo, una joven de 18 años asesinada por su ex pareja Matías Martínez, un oficial de la Policía Bonaerense, cuando los crímenes por  feminicidio alcanzan una cifra impactante y este miércoles se produjeron dos nuevos asesinatos y se buscan los restos de una desaparecida cuya pareja está detenida.

También se estimó que más de 5 por ciento de estos asesinatos han sido cometidos por policías o integrantes de las fuerzas de seguridad.

El asesinato de Ursula, por su ex pareja, que además había sido denunciado antes por otras dos mujeres y en un caso por violación de una niña de 14 años, fue la gota que derramó el vaso.    

Amnistía Internacional, que apoyó la marcha, destacó la importancia de que se realice una investigación rápida y eficaz por el feminicidio de Úrsula, quien denunció en 18 oportunidades a su ex pareja, la última vez tres días antes de ser asesinada, sin lograr respuesta alguna de los fiscales y debiendo soportar el  abandono policial.

“Por Úrsula y por todes ¡Basta de justicia patriarcal y de represión policial!", fue una de las expresiones de este día, de las mujeres que  comienzan otra etapa de lucha contra estos crímenes de género, que se advierte será potente hasta lograr justicia integral.

La justicia está en el ojo de la tormenta por la evidente falta de respuesta de fiscales, jueces y policías, y también por la continuidad del llamado lawfare, mediante la “mesa judicial” establecida por el ex presidente Mauricio Macri (2015-2019).  Importantes magistrados han denunciado la persecución sufrida durante el pasado gobierno y la complicidad de las cúpulas  judiciales.

Freno a la “injusticia”

La Cámara Federal de Casación, por intermedio del presidente de la Sala IV, Mariano Borinzky, frenó temporalmente el traslado de la investigación sobre el espionaje ilegal y los casos de extorsión  y creación de causas falsas,  judicializando la política para perseguir opositores (lawfare), que se implementó durante el gobierno de Mauricio Macri (2015-2019), con la complicidad de periodistas, medios de comunicación, agentes de inteligencia, jueces y fiscales, algunos de los cuales  están hoy procesados.

Se intenta sacar esta causa de manos de jueces independientes como son Alejo Ramos Padilla y Juan Pablo Auges  para entregarlas a los magistrados  de la llamada “mesa judicial” que ahora tratan de salvar al ex mandatario y sus ex funcionarios de las investigaciones, que avanzan  con suficiente prueba en delitos  en los que están implicados.

El abogado Carlos Beraldi, que representa a la ex presidenta y actual vice, Cristina Fernández de Kirchner, la dirigente política más perseguida por la oposición derechista y víctima de inauditas campañas mediáticas, busca llevar el tema ante la corte y que las causas se mantengan en manos de ambos jueces que han demostrado independencia evidente y responsabilidad.

Otros querellantes, además de  Fernández de Kirchner tendrán diez días para presentar recursos y casación deberá decidir si les concede la posibilidad de ir a la Corte Suprema. La situación es ya insostenible y hay demandas por los organismos de Derechos Humanos, que fueron atacados durante el pasado gobierno y demonizados por los sectores políticos que conforman la alianza derechista Cambiemos.