San Cristóbal de Las Casas, Chis. Integrantes de organizaciones, colectivos y personas a título individual, adherentes de la Sexta Declaración de la Selva Lacandona, afirmaron que los tres niveles de gobierno “no han intervenido para frenar las agresiones, el despojo y las provocaciones de un grupo de invasores”, en contra de bases de apoyo zapatista de la localidad de San Gregorio, ubicada en el municipio autónomo de Lucio Cabañas.
“Pudimos observar la complicidad que tiene este grupo de invasores -perteneciente a la Organización Regional de Cafeticultores de Ocosingo (ORCAO)-, con los tres niveles de gobierno para despojar del territorio a las bases de apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) y controlar los bienes naturales, así como la estrategia de abrir paso a proyectos gubernamentales individualizados, como Sembrando Vida, entre otros programas, que agreden el proceso de autonomía e intentan romper con formas organizativas comunitarias”, agregaron.
En un informe dado a conocer después de realizar una caravana de solidaridad con los pueblos zapatistas, manifestaron que durante la visita realizada en días pasados, presenciaron “el hostigamiento de los invasores, por lo que para resistir a las provocaciones, las familias zapatistas han dejado sus casas y se han concentrado en el Centro de la comunidad, abandonando sus pertenencias y en algunos casos, sus animales (algunos de ellos ya han muerto por el abandono forzado)”.
Aseguraron que “el trabajo de siembra de maíz y frijol que las bases de apoyo zapatista tenían previsto realizar del 1 al 4 de febrero no se hizo, lo que amenaza la alimentación y la salud de las familias para los próximos meses, lo que atenta directamente contra su vida, por una perspectiva de seguridad a corto plazo”.
Los observadores, pertenecientes al Centro de Derechos de la Mujer Chiapas y Desarrollo Económico y Social de los Mexicanos Indígenas, A.C. (DESMI), entre agrupaciones, expresaron que “parte de este grupo de invasores proviene de los ejidos San Gregorio de Las Casas, Duraznal, Rancho Alegre y San Andrés Puerto Rico, algunos de ellos con cargos ejidales y eclesiales”.
Añadieron que “a partir del 1 de febrero, los invasores instalaron 5 posiciones de guardia -2 de ellas a tan sólo 50 metros de distancia del Centro de la comunidad y 3 a 250 metros-, portando machetes, cuchillos, navajas, resorteras, macanas con punta, teléfonos celulares, radios de comunicación y binoculares”.
Abundaron: “En la comunidad se desarrollan varios trabajos colectivos, que permiten diversificar la alimentación, así como la prevención y curación de enfermedades. El grupo de invasores ha impedido que estos trabajos se lleven a cabo; las bases zapatistas tienen un estanque de tilapia colectivo para alimento de la comunidad y un espacio donde las niñas y los niños se reúnen para jugar. Los invasores desconectaron varios tramos de la tubería que surte el agua al estanque, provocando la muerte de los peces, ya que las encargadas y encargados de alimentarlos no pudieron acercarse al lugar entre el 1 y el 6 de febrero por la presencia de los invasores”.
Dijeron que “entre el 1 y 9 de febrero el grupo de invasores contrató 2 tractores para arar las tierras. Al momento han afectado 12.5 hectáreas; se calcula un costo de 23 mil pesos por la renta de los tractores (…) realizan quema de tierras, en algunos casos hay pelibueyes amarrados para la pastura. En algunos de los terrenos en los que ha entrado el tractor había trabajo colectivo de hortalizas y plantas medicinales. Con el paso del tractor, además de dañar parte de las mangueras, se destruyó el camino que lleva a la hortaliza colectiva; en ella dejaron varias macanas con punta clavadas, y esto es interpretado como provocación”.
Concluyeron: “Toda esta serie de hechos no son menores. Como habíamos mencionado anteriormente, forman parte de una estrategia para despojar de las tierras recuperadas a nuestras compañeras y compañeros zapatistas; es también una estrategia de desgaste y un intento para romper el proceso de autonomía”.
