Ciudad de México. La pandemia de Covid-19 sirvió como excusa al gobierno de Estados Unidos para generar condiciones de devolución indignas a los mexicanos en condición irregular detenidos en aquel país.

Así lo concluye la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) en el Diagnóstico 2020 sobre los Derechos Humanos de las y los mexicanos en retorno desde Estados Unidos durante su detención, traslado, repatriación y reinserción social en México, que presentó este lunes.

“Ni siquiera la pandemia generó una tregua en los discursos de odio (de las autoridades de ese país) contra la población migrante”, enfatizó Elizabeth Lara, directora general de la Quinta Visitaduría de la CNDH, al presentar vía virtual el documento.

Agregó que la emergencia sanitaria “se convirtió en un eslabón más para que el gobierno de Estados Unidos continuara con las devoluciones tipo exprés de personas mexicanas a nuestro país, argumentando razones de salud pública. Esta situación a su vez generó condiciones de devolución indignas para nuestros paisanos, entre otras causas por la falta de políticas públicas adecuadas a las múltiples necesidades que presenta este grupo de población en situación de vulnerabilidad, al desconocimiento de sus derechos y de los canales para acceder a los programas sociales en México”.

El reporte asienta que durante 2020, a pesar de la contingencia sanitaria derivada del Covid-19 y del incremento de número de contagios en ambos lados de la frontera, el intento por migrar hacia el país del norte no cesó. Sin embargo, los procesos de detención y repatriación implementados por las autoridades estadunidenses “no han seguido las recomendaciones internacionales en materia de protección a la salud”.

La investigación remarca que más de 7 millones de mexicanos viven en Estados Unidos sin documentos, en busca mejores condiciones de vida, mayor acceso a derechos y reunificación familiar. Sin embargo, esa instancia irregular los expone a una serie de circunstancias que limitan su acceso a derechos, y les hace vivir en constante miedo de ser deportados sin más razón que su nacionalidad.

“Continúa la criminalización de la entrada o estancia irregular de las personas migrantes que deriva en la privación de su libertad sin un debido proceso en los centros de detención de Estados Unidos”, subraya la CNDH en el diagnóstico.

Agrega que en México se desconocen los contenidos de los acuerdos internacionales sobre repatriación y se ha normalizado la violación a derechos humanos que sufren las y los mexicanos que viven o migran hacia aquel país de manera irregular.

Remarca que el Memorándum de Entendimiento entre la secretarías de Gobernación y de de Relaciones Exteriores de México y el Departamento de Seguridad Interna de Estados Unidos sobre la Repatriación Segura, Ordenada, Digna y Humana de Nacionales Mexicanos, suscrito el 20 de febrero de 2004, tiene como objeto proteger los derechos humanos de los deportados, a fin de garantizar que el procedimiento de repatriación sea seguro, ordenado y humano.

“Sin embargo, llama la atención que en dicho acuerdo no se describen los protocolos a seguir para la protección de todos los derechos humanos involucrados en la detención, traslado y repatriación de las personas mexicanas”.

Además, la CNDH observa que en dicho Memorándum no se contempla el desarrollo de derechos humanos de los mexicanos en retorno relacionados con la detención, aseguramiento y traslado de personas, como son: la prohibición de detenciones arbitrarias; debido proceso; erradicación de actos discriminatorios; asesoría y defensa legal; asistencia médica y sanitaria adecuada; establecimiento de intérpretes lingüísticos; condiciones de detención apropiadas en cuanto a la estructura de instalaciones, límites de personas detenidas en un mismo lugar, separación por sexo, edad y motivos de detención; regulación especial a personas vulnerables, así como seguimiento inmediato, atención y solución de quejas por parte de abusos, malos tratos, extorsiones y violación a los derechos humanos de las autoridades migratorias, y sobre todo traslado de personas a su país origen de manera digna, sin uniformes, sujetadores, esposas o ningún estigma corporal.

El diagnóstico hace 59 propuestas al gobierno mexicano para contribuir a que se garanticen los derechos de los connacionales deportados desde Estados Unidos, entre ellas la necesidad de revisar el Memorándum aludido a fin de incorporar el reconocimiento de todas las garantías fundamentales de los mexicanos durante el proceso de repatriación.

“Este es el mejor momento para abrir mesas de diálogo con el gobierno de Estados Unidos (por el cambio en la administración con la llegada de Joe Biden) en relación con el impacto de las deportaciones en el debido proceso, el derecho a la vida familiar, el principio de la unidad familiar y el principio del interés superior de la niñez, es momento de dialogar para construir puentes y derribar muros”, expuso Lara.

Por su parte, la presidenta del a CNDH, Rosario Piedra Ibarra, destacó otras de las recomendaciones como la necesidad de reforzar los acuerdos de repatriación para que sean más protectores y garantistas; defender el reconocimiento de todos los derechos humanos de los connacionales durante su detención, aseguramiento, traslado y repatriación a México; y redoblar esfuerzos para brindar el máximo apoyo y acompañamiento tanto a los millones de mexicanos que residen en Estados Unidos de manera irregular como a los que siguen intentando cruzar la frontera”.