Las reformas propuestas por el Presidente Andrés Manuel López Obrador a la Ley de la Industria Eléctrica constituyen un primer paso esencial hacia la recuperación de la soberanía nacional y la rectoría del Estado en materia energética.
Las reformas energéticas del Pacto por México aprobadas durante el sexenio pasado buscaron acabar tanto con Petróleos Mexicanos (Pemex) como con la Comisión Federal de Electricidad (CFE). Las modificaciones a la Constitución en 2013 y a las leyes secundarias en 2014 tuvieron el propósito de desplazar estas dos importantes empresas productivas del Estado a favor de los intereses comerciales de empresas privadas nacionales y trasnacionales.
Estas reformas profundamente corruptas, aprobadas por la alianza entre el PRI, PAN y PRD, fueron recubiertas y empacadas para su venta al público dentro de una envoltura supuestamente “modernizadora” a favor de la “competencia” del mercado. Pero la verdadera intención fue saquear los recursos naturales del pueblo mexicano a favor de los intereses de particulares.
A raíz de las declaraciones de Emilio Lozoya ya sabemos que la aprobación de estas reformas fue aceitada por cuantiosos sobornos a legisladores claves de parte de empresas como Odebrecht. Hoy los mismos partidos del Pacto por México, ahora agrupados bajo el paraguas de “México Sí”, acusan al gobierno de la Cuarta Transformación de ser “irresponsable” y de “traicionar” a la confianza de los inversionistas internacionales por medio de una nueva “expropiación” de la industria energética.
Pero estas voces faltan a la verdad. Lo único que se busca con las reformas es revertir los efectos más nocivos de la reforma energética de Enrique Peña Nieto y poner en orden al mercado energético nacional con el fin de beneficiar a los consumidores mexicanos y a la soberanía nacional. Si bien es cierto que se trastocarán algunos contratos leoninos y fraudulentos firmados por el gobierno anterior, ello de ninguna manera implica afectación a la propiedad privada o al libre mercado sino que son acciones a favor del Estado de derecho y la competencia leal.
El fondo de las reformas propuestas por López Obrador constituye la eliminación de los subsidios y los apoyos indebidos del Estado hacia empresas privadas de generación de electricidad. Las reformas a la Ley de la Industria Eléctrica de 2014 supuestamente generaron un “mercado libre” entre diferentes proveedores de electricidad, pero en realidad crearon las condiciones para pérdidas millonarias de la CFE. La ley vigente obliga a esta empresa del Estado a suportar una amplia gama de costos de operación de las empresas privadas y también da importantes ventajas al sector privado por encima de la CFE al determinar las prioridades del “despacho”, o la compra del suministro de electricidad, por la red eléctrica nacional.
El resultado es que actualmente las centrales eléctricas de la CFE operan a tan sólo el 51% de su capacidad instalada (su “factor de planta promedio”), de acuerdo con un estudio reciente del Centro de Estudios de la Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados. Con las reformas propuestas por el Gobierno Federal, y que ya han sido aprobadas por la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados, se aumentaría de manera significativa la utilización de las plantas de la CFE, generando un derrame adicional de recursos para el Estado mexicano de por lo menos 14 mil millones de pesos de inmediato y con un aumento de hasta 135 mil millones de pesos a lo largo de los próximos años.
La Secretaría de Energía ya había intentado resolver el problema de los subsidios y apoyos indebidos hacia el sector privado por medio de la aprobación de reformas a los reglamentos correspondientes durante el año pasado. Sin embargo, frente a los múltiples litigios en contra que avanzan por el sistema jurídico al amparo de las leyes neoliberales aprobadas por Peña Nieto y sus secuaces, resulta conveniente ahora reformar la ley misma para asegurar jurídicamente de manera más sólida la nueva política energética de la Cuarta Transformación.
Las reformas propuestas por López Obrador se encuentran en perfecta congruencia con la normatividad en la materia, en particular el párrafo sexto del Artículo 27 de la Constitución que señala con toda claridad que: “Corresponde exclusivamente a la Nación la planeación y el control del sistema eléctrico nacional, así como el servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica”.
Tal y como nos lo ha recordado el Presidente López Obrador, se trata de defender el gesto heroico del Presidente Adolfo López Mateos quien el 27 de septiembre de 1960 publicó en el Diario Oficial de la Federación sus reformas históricas a la Constitución en la materia. En su “Carta al pueblo de México” publicado ese mismo día, López Mateos anticipa que “en años futuros algunos malos mexicanos identificados con las peores causas del país intentarán por medios sutiles entregar de nuevo el petróleo y nuestros recursos a los inversionistas extranjeros”.
Ello es precisamente lo que ocurrió durante el sexenio pasado y el masivo voto ciudadano a favor de Morena en 2018 tuvo precisamente la finalidad de corregir por esta traición al pueblo de México implementada por los partidos ahora agrupados bajo la bandera de México Sí.
