Ciudad de México. La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) presentó este viernes una denuncia ante la Subprocuraduría de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo (SCRAPPA) de la Fiscalía General de la República en contra de 15 personas físicas y 15 morales, que formaban parte de una banda de clonadores de tarjetas de crédito y débito y que presuntamente realizaban actividades de lavado de dinero.
La organización operaba en Cancún, Quintana Roo y otros destinos turísticos mexicanos y estaba integrada por ciudadanos rumanos y mexicanos. Entre los involucrados tambien se encuentran empresas con actividades características de empresas fachada en el Sistema Financiero Nacional, informó la UIF.
Explicó que de acuerdo con sus investigaciones, el esquema de lavado de dinero se estructuró a través de la operación de un grupo de empresas constituidas principalmente por personas de origen rumano.
Dichas firmas, ligadas corporativamente con el grupo delictivo denominado “La Banda de la Riviera Maya”, fueron utilizadas “para el manejo de los recursos obtenidos ilícitamente derivado de los fraudes cometidos en contra de los usuarios y clientes de la banca mexicana”, explicó la Unidad de Inteligencia Financiera, dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Sin especificar el nombre de las empresas, la UIF destacó que una de las personas morales ligadas a la banda, aparentemente está relacionada con la empresa que celebró el contrató referido y que es utilizada para convertir el dinero ilícito en lícito mediante inversiones en bienes inmuebles.
Asimismo, dijo la UIF, se identificó que la organización criminal está relacionada financieramente con otro grupo de empresas que aparentemente forman parte de una misma organización empresarial.
Estas compañías presuntamente forman parte del esquema señalado, ya que presentan un comportamiento financiero inusual, como la triangulación de recursos, el uso sistemático de efectivo, transferencias internacionales injustificadas y a países considerados de riesgo para el lavado de dinero por cantidades millonarias, así como la adquisición de bienes de lujo y la dispersión de recursos en juegos de apuesta y sorteos.
Estas operaciones se realizaban además bajo un comportamiento fiscal irregular, como el caso de una Sociedad Mercantil considerada como Empresa Facturadora de Operaciones Simuladas (EFOS) o “facturera”.
De acuerdo con el párrafo primero del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación, se considera empresa “fachada” o “facturera”, cuando la autoridad fiscal –en este caso, el Servicio de Administración Tributaria (SAT)– detecta que un contribuyente emite comprobantes sin contar con los activos, personal, infraestructura o capacidad material, directa o indirectamente, para prestar servicios o producir, comercializar o entregar los bienes que amparan tales comprobantes, o bien, que dichos contribuyentes se encuentren no localizados. Estas acciones constituyen delitos del orden fiscal en el país.
