Diego Martínez Valor, director de la mencionada organización, explicó en entrevista con La Jornada que Gutiérrez ya había solicitado desde los años 2017 y 2018 la ayuda del departamento de sicopedagogía de la Facultad de Medicina de la UADY, ante la sensación de estrés y agobio por cumplir con sus obligaciones escolares.

Ante ello, dijo el activista, los encargados de dicha unidad simplemente le respondieron que, si no podía con la presión, se diera de baja o se cambiara de carrera. En otra ocasión, luego de escuchar las preocupaciones de la estudiante, le dijeron que éstas “no eran causa suficiente” para que se suicidara.

En 2019, la joven comenzó su internado en un hospital de la entidad, en el cual ella y varios de sus compañeros comenzaron a notar una serie de malos tratos por parte de médicos y autoridades, quienes le decían a los estudiantes que si no sufrían igual que lo hicieron ellos en su momento, “no tenían madera” para dedicarse a esta profesión.

Martínez señaló que en 2020, la joven comenzó a hacer su servicio social, todavía con una sensación muy elevada de estrés, y fue asignada al centro de salud del municipio de Tahdziú, el cual se encuentra a más de 140 kilómetros del núcleo familiar de la estudiante, y en donde ya se han registrado episodios de violencia en contra de personal médico.

Problemas mentales “no ameritan” incapacidad

Un factor más de tensión emocional, dijo, es que las autoridades de salud no le otorgaron a Gutiérrez Kú el equipo de protección personal para evitar un contagio por Covid-19 y la obligaron a vivir en el centro de salud, en condiciones de inseguridad y precariedad.

Asimismo, cambiaron sus días de descanso, de sábado y domingo a sólo el miércoles, con la advertencia de que si no aceptaba las nuevas condiciones, no podría terminar su servicio social y titularse.

Tras sufrir un par de episodios de ansiedad, la joven recibió el auxilio de algunos de los médicos con los que trabajaba, quienes la ayudaron para conseguir algunos tratamientos paliativos, pero sin avisar de esta situación a sus superiores, como lo establecen los lineamientos sanitarios del estado de Yucatán, indicó Martínez.

Aunque la estudiante solicitó licencias de incapacidad para cuidar su salud mental, las autoridades se las negaron, con el argumento de que tener dificultades en ese ámbito no es motivo para dejar de laborar.

El 14 de septiembre de 2020, rememoró el activista, Gutiérrez Kú se reunió con algunos compañeros en un convivio por las fiestas patrias, se comunicó con su familia para decirle que estaba bien e incluso subió un mensaje a sus redes sociales en el que afirmaba que estaba celebrando, pero un día después, la mujer fue encontrada sin vida en la clínica donde trabajaba.

“El personal del centro de salud llegó el 15 de septiembre y encuentra a Karla colgada del ventilador, y ahí empiezan las inconsistencias, porque algunos dicen que se había ahorcado con una sábana y otros que con su bufanda. No hay claridad y eso causa mala espina. Además, no se asegura la escena del crimen y a la mamá se le notifica de la muerte, pero le dicen que mejor ni vaya, porque su hija ya había fallecido”, detalló.

Situación generalizada de maltrato

La madre de la estudiante, María Guadalupe Kú Cobá, ha cuestionado la investigación sobre el caso, no sólo por la tardanza con que se ha realizado, sino porque las autoridades dieron por cierta la hipótesis del suicidio, sin averiguar con quién estuvo su hija antes de morir y en qué condiciones exactas ocurrió el fallecimiento.

“Ella se dio cuenta de que lo que le pasó a su hija en el servicio social es una situación generalizada de maltrato. La UADY no le da seguimiento a los alumnos y las autoridades de salud los maltratan porque apenas están aprendiendo”, señaló Martínez Valor.

Por todo ello, la madre de la joven y el colectivo Acciones por la Dignidad –en su calidad de acompañante de la familia--, presentaron una denuncia ante la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán, en la cual exigen una indagatoria completa al respecto y que se erradiquen las condiciones de maltrato y abandono que viven los estudiantes de medicina.

“Más allá de responsabilidades penales, hay una responsabilidad de derechos humanos de la UADY, que se promueve como una universidad cercana a sus alumnos y con perspectiva de género, pero que no lo cumplió en el caso de Karla”, añadió el activista.

El pasado 1º de febrero, recordó, se realizó una manifestación estudiantil en Mérida para exigir justicia en el caso de Karla Gutiérrez, pero también para marcar las similitudes en el maltrato y la falta de protección que sufrió Mariana Sánchez, estudiante de medicina que fue víctima de acoso, abuso sexual y feminicidio en Chiapas, sin que las autoridades locales atendieran sus llamados de ayuda.