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Amplía pesquisas la UIF sobre red en el país del 'cártel' rumano

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Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, durante una entrevista con ‘La Jornada’. Foto Cristina Rodríguez / Archivo
11 de febrero de 2021 08:45

Ciudad de México. La investigación sobre una organización criminal dedicada al fraude con tarjetas de crédito, integrada principalmente por ciudadanos rumanos y mexicanos, se amplió a operadores financieros, familiares, empresas, abogados y servidores públicos relacionados con los integrantes de ese grupo delictivo, de acuerdo con reportes de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).

En las pesquisas, la UIF ha analizado al menos 4 mil 33 transferencias interbancarias por un total de 2 mil 205 millones de pesos para determinar si en ellas estuvo involucrado el grupo delictivo.

La UIF descubrió transacciones financieras entre al menos ocho empresas con sede en México y una en Rumania y recientemente recibió de varios bancos 520 reportes de operaciones relevantes por más de 125 millones 520 mil pesos.

El primer caso en que se vieron implicadas personas de origen rumano fue en marzo de 2019, cuando el Ejército Mexicano detuvo en Cancún, Quintana Roo, a Florian Tudor –dirigente del grupo– y Adrián Nicolaé Cosmín, quienes llevaban un arma de uso reservado, varios cartuchos útiles, un vehículo de lujo y alrededor de 26 mil dólares.

Florian Tudor, alias Tiburón, es investigado en Rumania por fraude cibernético, robo de información y clonación de tarjetas bancarias. Sin embargo, en México es señalado como el principal accionista de una empresa de cajeros automáticos.

Se informó que José de la Peña Ruiz Chávez, secretario estatal del Partido Verde Ecologista de México, fue destituido de su cargo debido a que figura en la lista de las 79 personas físicas o morales a las que la UIF bloqueó cuentas por estar involucrados con la organización criminal rumana.

Aunque las autoridades no han querido revelar los nombres de los titulares de las 79 cuentas congeladas por la UIF debido a la secrecía de la investigación, trascendió que, además del también diputado De la Peña, se encuentran notarios, ex secretarios de Seguridad Pública de Cancún, así como ex gobernadores.

La forma de operar de esta banda era a través de la colocación de skimmer o skimming (aparato utilizado para la clonación de tarjetas bancarias) en los cajeros automáticos para posteriormente vaciar las cuentas de los turistas en destinos de playa como Cancún, Quintana Roo, la Riviera Nayarita, los Cabos y Puerto Vallarta.

Rise Proyect, una ONG con sede en Rumania, calculó que la organización lidereada por Tudor recauda unos 240 millones de dólares al año por defraudar con tarjetas bancarias a miles de turistas.

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