Santiago. El policía acusado de disparar a quemarropa y matar a un joven malabarista callejero el pasado viernes en una ciudad del sur de Chile permanacerá en prisión preventiva después de que manifestantes respondieron a este acto de brutalidad policial con protestas y la quema de 10 edificios públicos, barricadas y enfrentamientos con las fuerzas de seguridad.

El juez del juzgado de garantía de Panguipulli resolvió conceder dos días más de detención para que la fiscalía pueda recabar pruebas. El lunes se presentarán formalmente los cargos contra el detenido, cuya identidad se mantiene en secreto por su seguridad.

Tras el asesinato del malabarista, la noche del viernes fueron incendiados los principales edificios públicos de Panguipulli, en la Región de Los Ríos y a 800 kilómetros al sur de Santiago, donde ocurrió el asesinato.

El malabarista Francisco Martínez Romero, de 27 años, se encontraba en el centro de Panguipulli, pequeña localidad, de 32 mil habitantes, cuando dos policías realizaban un control de identidad, que obliga a todos los ciudadanos a mostrar sus documentos por ley. Al momento del control Martínez Romero, quien portaba unos machetes con los que realizaba sus actuaciones callejeras, se negó a ser revistado por los uniformados, a lo que dos policías respondieron disparando al suelo.

Un video que se viralizó en redes sociales muestra cómo uno de los policías continuó disparando al joven hasta que este cae, muerto, en la calzada. El malabarista recibió al menos cinco disparos, según información de la Policía de Investigaciones.

El coronel de Carabineros, Boris Alegría Michellod, argumentó en declaraciones a los medios de comunicación que el joven malabarista persistió en abalanzarse contra la policía, por lo que los uniformados actuaron en resguardo de su propia integridad y de sus propias vidas e hicieron uso de las armas de fuego en legítima defensa propia. Esta versión es desmentida por testigos en el lugar de los hechos y, el video que circuló en redes.

El caso pareció ahondar una crisis profunda de la policía chilena que data desde las documentadas violaciones a los derechos humanos ocurridas por este organismo del Estado desde el estallido social que inició en octubre de 2019 y que dejó un saldo de más de 450 personas con trauma ocular, más de 31 muertos y 4 mil denuncias por violaciones de derechos humanos, en situaciones que no han llegado a la justicia.