Ciudad de México. Los trabajadores de limpieza de los hospitales públicos del país suelen tener que laborar sin contar con el equipo de protección personal suficiente para evitar un contagio de Covid-19 y otras enfermedades, además de que enfrentan graves condiciones de precariedad y explotación, en el marco de esquemas de outsourcing.

Así lo denunciaron los participantes en una conferencia de prensa organizada por Amnistía Internacional México (AI), en la cual se anunció el lanzamiento de la campaña #JorgitoCuenta, cuyo propósito es visibilizar los abusos que sufren los empleados de limpia en los centros de salud.

Tania Reneaum, directora ejecutiva de la organización, explicó que la iniciativa surgió en principio para denunciar el caso de Jorge Pérez Ortega, un hombre de la tercera edad quien se desempeñaba como trabajador de limpieza en el Centro Médico Nacional 20 de Noviembre, del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), y fue despedido de forma injustificada tras denunciar los abusos que padecía.

La activista recordó que cuando comenzó la emergencia sanitaria por la pandemia de Covid-19, Pérez le solicitó a la empresa que lo subcontrataba que le permitiera trabajar en zonas administrativas del hospital, y no de tratamiento de pacientes de coronavirus, por temor a ser contagiado, ya que no lo dotaban de guantes, cubrebocas, careta y otros implementos de seguridad.

Los representantes de la compañía aceptaron, a cambio de que el trabajador les diera 150 pesos a la semana, sin importar que eso implicara una abierta violación a su derecho a la seguridad laboral.

El 16 de junio del año pasado, señaló Reneaum, Jorge Pérez le dio una entrevista a medios televisivos en los que denunció los abusos a los que era sometido él y otros compañeros por parte de la empresa subcontratista, y en aparente represalia por ese hecho, fue despedido seis días después, sin que mediara explicación sobre el hecho y sin darle ninguna indemnización.

“Queremos que esta campaña sirva para cambiar las condiciones estructurales en las que se encuentran los trabajadores de limpieza y la forma en que Estado subcontrata servicios”, dijo la directora de AI México, quien destacó que una buena cantidad de estos empleados son personas de la tercera edad, contratados bajo esquemas de precariedad salarial.

El propio Jorge Pérez Ortega narró que en el poco más de un año que laboró en dicha empresa, no recibió equipo de protección personal, a pesar de que tenía que limpiar algunas áreas de pacientes Covid-19, además de que él y muchos de sus compañeros fueron blanco de abusos y malos tratos por parte de sus empleadores.

“Llegaba a las 6 de la mañana y nos hacían esperar como media hora para darnos el material de trabajo, pero nunca nos dieron todo; nos decían ‘no hay esto, no hay lo otro’. Empezaba a trabajar como a las 6:30 y tenía que limpiar primero los baños, los pasillos, 12 oficinas y la hacía hasta de jardinero, pero no tomaban eso en cuenta.

“Cuando terminábamos, nos formaban afuera, en una rampa, al rayo del sol, hasta oliendo a las personas muertas. La salida era a las 2 de la tarde, pero no: el señor coordinador nos decía ‘tienen que limpiar lo del cartón’ y después ya se pueden ir”, lo que obviamente implicaba terminar más tarde de lo establecido su jornada laboral.

Luego de recordar que a veces se protegía la boca únicamente con un trapo al estar en zonas Covid, Pérez señaló: “pido justicia para mí y para mis compañeros, que no quieren levantar la voz porque tienen miedo de que los vayan a correr. La mayoría son personas adultas y hasta minusválidas y no pueden ni moverse. Quisiera que no nos siguieran tratando como una basura”.

Por su parte, el abogado del ex trabajador, Norman González, enfatizó que el despido de su cliente fue injustificado, por lo que los responsables de este abuso son tanto la empresa de outsourcing como el propio ISSSTE, quien debió supervisar las condiciones laborales de las personas que trabajan en sus unidades médicas. Ante ello, indicó que solicitan la indemnización a la que tiene derecho el afectado.