La Comisión de Amnistía, coordinada por la Secretaría de Gobernación, ha recibido desde su creación, el año pasado, mil 115 solicitudes de liberación. De estos expedientes, 760 se refieren a acusaciones o sentencias por delitos contra la salud, 175 son delitos que no proceden y 769 están en proceso de revisión.

Al mismo tiempo, México realizó una “Guía de preliberaciones por Covid”. Bajo este concepto salieron 3 mil 322 personas.

Respecto a las solicitudes de amnistía, encabeza la lista Sinaloa, con 183; le sigue Baja California, con 158, y Chiapas, 141. Hacia abajo, con menos de 100 peticiones, se ubican San Luis Potosí, Guerrero, Jalisco, Nayarit, Estado de México, Ciudad de México y Quintana Roo.

En términos de género y otras clasificaciones, se dijo que de los mil 115 casos recibidos, 942 son de hombres y 173 son de mujeres; también se incluye aquí 67 personas indígenas.

Así lo informó Paulina Téllez, titular de la Unidad de Apoyo al Sistema de Justicia de la secretaría de Gobernación, durante la conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional.

Adicional a los casos recibidos bajo la Ley de Amnistía y su comisión respectiva, en las mesas de trabajo de justicia se han recibido 2 mil 140. De estos, 753 son “casos concluidos”; se ha conseguido 96 liberaciones, y 90 atenciones médicas en centros penitenciarios.

Precisó en este contexto que en el país existen 273 centros penitenciarios estatales, en las 32 entidades federativas, con una población de 198 mil 123 personas.

La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, dijo que todos estos procesos – así como los planes de liberación y reinserción, tanto de las mesas de justicia como de la Comisión de Justicia- se realiza con pleno respeto a la autonomía de los diferentes poderes e instituciones.

“Antes no se hablaba la policía con los jueces, con los abogados litigantes, y cuando se construyeron estas mesas de justicia, a veces cada 15 días, cada mes se reúnen para ver los criterios de los jueces y caminar juntos. Esta sinergia positiva, respetando las competencias, nos ha dado muy buenos resultados”, explicó.

Que la justicia, añadió, no sea arma de poderosos para tomar venganza. En relación a las actuaciones del propio personal del poder judicial, los propios presidentes de tribunales de superiores de justicia presentaron datos acerca de procedimientos contra funcionarios.

En 2019, la entidad de más destituciones fue Morelos, con 16, seguida de Tamaulipas, con 4, de cientos de procedimientos.

La secretaria Sánchez Cordero añadió que todo funcionario público tiene la obligación de ser servidores públicos y no servirnos del servicio público.

La Unidad presentó algunos aspectos de otros programas para la reinserción social como las “aulas digitales”, “justicia terapéutica”, y atención a casos de mujeres víctimas de violencia.

Se informó también que en el país existen sólo 21 fiscalías especializadas en la investigación y atención de delitos de violencia basada en género; ocho de estas se ubican en la Ciudad de México.

Caso Guanajuato

En esta entidad, con el más alto número de homicidios dolosos, las autoridades estatales reportaron que en 2020 abrieron 89 mil 061 carpetas de investigación; sin embargo, sólo reportan 176 sentencias condenatorias.

De la misma manera, hay 10 mil 848 resoluciones de carpetas por acuerdos reparatorios y 15 mil 122 carpetas de investigación sin determinar en fase inicial.

Del total mencionado, únicamente hay 2 mil 130 carpetas de investigación vinculadas a proceso; 4 mil 593 vinculadas a proceso en trámite; 2 mil 025 medidas cautelares impuestas y 2 mil 290 imputados en prisión preventiva.