Ciudad de México. Elementos de la Policía Federal Ministerial de la Fiscalía General de la República (FGR) detuvieron en el puerto de Acapulco al priísta Mario Marín Torres (el góber precioso), ex gobernador de Puebla, con base en una orden de aprehensión girada por cometer actos de tortura en contra de la periodista Lydia Cacho.

Luego de que en 2019 se libró por primera vez un mandamiento judicial en su contra, el cual se canceló tras obtener un amparo, ayer, con base en un ordenamiento de diciembre de 2020, la FGR logró la captura.

El ex mandatario, quien gobernó Puebla de 2005 a 2011, fue señalado por Lydia Cacho en el libro Los demonios del Edén, como uno de los integrantes de una red de pornografía y pederastia en la que se encuentra involucrado el empresario Kamel Nacif.

Tras la publicación del texto, la informadora fue objeto de amenazas y de una detención irregular, en la que se cometieron actos de tortura en su contra, lo cual derivó en 2008 en una recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

De acuerdo con la información obtenida, Marín Torres fue detenido y posteriormente trasladado de Acapulco a Cancún, Quintana Roo, para enfrentar lo orden de aprehensión librada en 2019 por el primer tribunal unitario, con sede en Quintana Roo, contra el ex gobernador y Hugo Adolfo Karam Beltrán, ex secretario de Seguridad de Puebla, por el mismo delito.

Marín Torres deberá enfrentar las acusaciones que se le formulan como parte de la causa penal 26/2018, en la cual Juan Sánchez Moreno, encargado del área de Cumplimiento de Mandamientos Judiciales de la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado de Puebla, fue condenado a cinco años y tres meses de prisión.

En el libro Los demonios del Edén se menciona que Mario Marín brindaba protección a empresarios involucrados en una red de pederastia y pornografía infantil, en la que además de Kamel Nacif participaba Jean Succar Kuri, quien inicialmente fue condenado a 112 años de prisión al ser encontrado culpable de abuso sexual y pornografía, pero el caso se encuentra sujeto a revisión para determinar algunos elementos con los que formuló la imputación, aunque ello no implica que pueda ser liberado.

Tras la publicación de su libro, Lydia Cacho fue acusada de difamación y calumnia, por lo cual fue detenida el 16 de diciembre de 2005 y trasladada a Quintana Roo por agentes de la policía poblana. La periodista denunció haber sido objeto de tratos crueles y tortura durante el trayecto.

En marzo de 2009, la CNDH emitió una recomendación a los entonces gobernadores de Puebla, Mario Marín Torres, y de Quintana Roo, Félix Arturo González Canto, para que investigaran a los policías judiciales que participaron en la aprehensión de la periodista, porque fue sometida a tortura física y sicológica.

El entonces ombudsman nacional, José Luis Soberanes Fernández, sostuvo que los policías que cumplimentaron la orden de captura contra Cacho Ribeiro violaron sus derechos a la legalidad, seguridad jurídica, protección a la salud y a la libertad de expresión, así como a la integridad y seguridad personales.

Los funcionarios públicos de las procuradurías de ambos estados incurrieron en actos de tortura, intimidación, amenaza y malos tratos, así como en otras acciones y omisiones violatorias de los derechos fundamentales, señaló.

Aunque el caso llegó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el 26 de junio de 2007 el pleno del máximo tribunal rechazó –por ocho votos contra tres– el dictamen presentado por el ministro Juan Silva Meza, en el que establecía responsabilidad política de Mario Marín Torres, por grave violación de las garantías individuales de la comunicadora, y de autoridades de Puebla y Quintana Roo, que violentaron los principios democráticos de federalismo y división de poderes.