Al subrayar que la intención del presidente López Obrador ha sido defender la soberanía energética y garantizar la rectoría del Estado en la materia, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, avaló que se haya enviado al Congreso una iniciativa de reforma legal, al sistema eléctrico, y no una propuesta de enmienda constitucional.
Esta defensa, precisó, la dio desde que era presidente electo y luego a nivel regional, durante la negociación del tratado comercial México-Estados Unidos-Canadá, identificado como el T-MEC.
“No (a la reforma constitucional), por una razón. Se ha hablado del T-MEC, en fin, yo te puedo decir que uno de los grandes temas que el presidente López Obrador defendió, inclusive todavía como presidente electo, fue el tema de la soberanía en materia energética y que está consagrado en el T-MEC”, señaló.
Durante la conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional, la secretaria Sánchez Cordero fue enfática en que el gobierno no rechaza la inversión privada sino proteger la rectoría del Estado.
En este punto subrayó que sólo la Comisión Federal de Electricidad es la que puede garantizar la continuidad en el servicio.
Remarcó que en la negociación del T-MEC fueron días muy complicados de negociación – e incluso él comentó aquí en una mañanera- precisamente para que se respetara la soberanía energética.
En cuanto a la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitida en la víspera, de invalidar la política eléctrica establecida en un decreto de la Secretaría de Energía, que favorecía a la CFE, la secretaria, ministra en retiro, respondió:
“Las sentencias de la Corte se acatan y no hay manera de que no. Se acatan. Sin embargo, ese fue un acuerdo, por eso se quedó en la sala, no en el pleno”.
Ahora, explicó, viene la reforma legal (cuya iniciativa fue enviada como preferente esta semana al Congreso de la Unión) y esa es su cancha para su aprobación o no.
Por tanto, pidió esperar a la resolución del Congreso y no adelantar opiniones de pasos subsecuentes, por lo cual prefirió abstenerse de dar una opinión sobre una posible y futura resolución de la SCJN sobre la iniciativa preferente del ejecutivo, presentada en el periodo ordinario de sesiones que inició apenas esta semana.