Un grupo de familiares de víctimas de violaciones de derechos humanos tomó este miércoles todos los accesos de la Secretaría de Gobernación (SG) para exigir que las autoridades de esa y otras dependencias oficiales cumplan los compromisos de atención que ya adquirieron con los colectivos civiles, sin que hasta el momento se hayan cumplido.

Yoltzi Martínez Corrales, integrante del Colectivo “Raúl Trujillo Herrera”, del estado de Guerrero, explicó que alrededor de 30 personas cerraron esta mañana con cadenas y candados todas las entradas del edificio, del cual permiten la salida, pero no el ingreso.

“A nadie se le priva de la libertad: pueden salir, pero no dejamos ingresar a nadie. Somos familiares de personas desaparecidas, desplazadas, familiares de víctimas de feminicidio y padres de la Guardería ABC”, señaló la activista.

Martínez recordó que diversos colectivos se encuentran en plantón afuera de la SG desde noviembre de 2020 en exigencia de que el subsecretario de Derechos Humanos de la dependencia, Alejandro Encinas, resuelva las demandas de atención de estos grupos.

“Ya tenemos minutas firmadas con él de que se iban a resolver nuestros casos, pero la SG ha incumplido las cosas a las que ya se había comprometido”, explicó.

Luego de recordar el maltrato que han recibido por parte de diversos legisladores y funcionarios, la activista enfatizó que una de las principales demandas de los grupos inconformes tiene que ver con la extinción de los fideicomisos de protección a víctimas y el “desmantelamiento” de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV).

Dicho organismo, lamentó, “ahora quiere quitarnos los apoyos que muy raquíticamente nos está dando para las personas que salimos a buscar a nuestros familiares desaparecidos. Somos quienes hemos dejado el cuerpo, la vida y el hogar con tal de buscar a nuestros seres amados. Para las autoridades son cifras, pero para nosotros son nuestros tesoros, son una vida que anhelamos que regrese a casa”.

A decir de Martínez –quien busca a su hermana Yatzil, desaparecida en abril de 2010 en Acapulco, Guerrero—la pretensión de las autoridades es desarticular la CEAV y quitar algunos artículos de la Ley General de Víctimas “que costaron vidas, dolor y sufrimiento”.

La carencia o restricción de recursos oficiales, insistió, obliga a los familiares de personas desaparecidas a endeudarse para pagar con su propio dinero la búsqueda de sus seres queridos, pues los fondos que las autoridades llegan a entregarles están siempre sujetos a una comprobación difícil de realizar.

“Cada familia sigue pidiendo (recursos) o tomando casetas, con tal de tener el dinero para comprar una pala o un pico e ir a buscar. Si bien nos dicen que los fondos tienen que ser comprobados con facturas, ¿cómo le vamos a hacer en el desierto, en la sierra, en los drenajes. Esta lucha va más allá de los adeudos: es por la protección de los derechos de las víctimas de desaparición a ser buscados”, enfatizó.

La activista señaló que entre las demandas de los grupos que cerraron las instalaciones de la SG está una audiencia con la titular del organismo, Olga Sánchez Cordero; el subsecretario Alejandro Encinas, y la directora de la Fiscalía Especializada en Materia de Derechos Humanos, de la Fiscalía General de la República (FGR), Sara Irene Herrerías.

“La CEAV tiene adeudos con muchas personas del plantón y también exigimos atención de la FGR para algunos casos. Queremos que nos digan qué está pasando con nuestras carpetas de investigación, porque la Fiscalía nos ha mantenido solamente con reuniones virtuales, sin tener acceso a nuestros Ministerios Públicos para continuar con nuestro proceso de justicia”, apuntó.