El ex embajador de Estados Unidos en México, Christopher Landau, mintió al asegurar que las autoridades mexicanas no aceptaron el apoyo de su país para combatir el tráfico ilícito de armas, aseveró el jefe de la Oficina del Canciller, Fabián Medina.

Por el contrario, enfatizó, “no ha habido respuesta” del gobierno de aquella nación para colaborar en operativos espejos en diversos puntos de la frontera común a fin de implementar medidas de revisión para impedir el paso ilegal de arsenal hacia México, el cual termina en poder del crimen organizado.

El funcionario participó en el Seminario Tráfico de armas en la frontera México-Estados Unidos, convocado por la Universidad de Arizona y el Centro de Estudios Mexicanos de la sede en Tucson de la Universidad Nacional Autónoma de México, en el que también advirtió que la operación Rápido y furioso, mediante la cual se introdujeron armas a México desde Estados Unidos, con el aval de autoridades de ambos países, para seguir su ruta entre el crimen organizado, fue sólo un evento de al menos ocho similares que “causaron muerte y destrucción” en nuestro país.

El pasado 14 de enero, en su última charla con representantes nacionales de medios de comunicación antes de dejar el cargo como embajador estadunidense en México por el cambio de gobierno en su país, Landau aseveró que las autoridades mexicanas no respondieron a las ofertas de apoyo de Estados Unidos para contener el tráfico de armas pues ofreció extraditar a traficantes de armamento y colaborar con equipo no intrusivo.

Al respecto, este miércoles Medina –quien es uno de los encargados de la administración federal para revisar el flujo ilícito de armas— subrayó: “Lo que dijo el embajador Landau es una gran mentira”.

Refirió que autoridades mexicanas mantienen desde hace tiempo operativos en 13 puntos cercanos a la frontera norte para revisar a peatones, automóviles, camiones y demás que ingresan desde Estados Unidos a fin de detectar el posible ingreso ilegal de armas, y se ha pedido a las autoridades estadunidenses que se hiciera lo mismo de su lado de la frontera, como una especie de operativos espejo, sin respuesta de la administración de Donald Trump y hasta ahora tampoco hay de la de Joe Biden.

Interrogado sobre las consecuencias de Rápido y furioso, aseveró que no fue el único evento de trasiego controlado de armas ilegales hacia México, sino que el actual gobierno federal tiene identificados por lo menos ocho eventos de ese tipo, por lo que ya hay una investigación en la Fiscalía General de la República, pues fueron acciones que hicieron que el armamento terminara el manos del crimen organizado, causando “muerte y destrucción” en el país, y que contó con el aval, entre otros, del ex presidente Felipe Calderón y los titulares entonces de la Procuraduría General de la República, Secretaría de Gobernación y del Centro de Investigación y Seguridad Nacional.

Medina indicó que si bien en los últimos diez años ingresaron a México de forma ilegal entre 2.5 y 3 millones de armas, prácticamente todas vía Estados Unidos, en últimas fechas lo que está entrando es una alta cantidad de municiones, balas y cargadores para el reabastecimiento de los grupos criminales, que logran concretar ese proceso en 15 días, de acuerdo a la Secretaría de la Defensa Nacional.

“Las armas son el insumo básico para generar violencia en las organizaciones criminales e infringirla hacia las personas”, señaló.

Recordó que desde Arizona ingresa a México 15 por ciento de las armas ilegales que vienen desde Estados Unidos.

Indicó que México participa como miembro en diversas convenciones internacionales sobre el tráfico, uso y venta de armas, donde promoverá no que se modifique la segunda enmienda de la Constitución de Estados Unidos, que permite a los ciudadanos tener armas como un derecho básico, “sino mejores prácticas de venta y de chequeo de antecedentes a las personas que las compran”.

En su turno, Javier Osorio, académico de la Universidad de Arizona, destacó la importancia que el gobierno mexicano haya puesto en la mesa de negociación bilateral la correponsabilidad para atender y combatir el tráfico ilegal de armas.

“Si en Estados Unidos no se reacciona después del asesinato de niños en las escuelas y en otras masacres, no creo que le va a importar mucho lo que pase en México en términos de las muertes que causan esas armas (traficadas). El gobierno mexicano está haciendo lo lo correcto de poner este tema en la mesa, pero no será algo que se resuelva rápido y de manera efectiva en el corto plazo. Más allá de mover grandes regulaciones en Estados UNidos, lo mejor sería implementar soluciones muy pequeñas, micro, donde el impacto sea más efectivo contra el trasiego hormiga”, señaló el académico.

En tanto, Raúl Benítez Manaut, del Centro de Investigaciones sobre América del Norte de la UNAM, indicó que en las relaciones y decisiones fronterizas entre México y Estados Unidos poco peso tienen los acuerdos y resoluciones de organismos multilaterales.

Destacó la importancia que desde territorio estadunidense se haga algo para el control del tráfico ilícito de armamento, pero a la vez refirió que si bien México tiene leyes robustas al respecto, su implementación es ineficiente.

“Nuestro país tiene leyes duras en esta materia, pero las aplicaciones son laxas, hay una falta de capacidades estatales para hacerlas efectivas”, subrayó el universitario.