Madrid. Alonso Ancira, presidente de Altos Hornos de México (AHMSA), también conocido como El rey del acero, se convirtió desde hoy en otro presunto delincuente de cuello blanco extraditado por la justicia española. En esa lista de personajes turbios están, entre otros, Angel Isidoro Rodríguez, alías El Divino, o los priístas Humberto Moreira y Emilio Lozoya Austin.

El periplo de Ancira en España culminó con su entrega a las autoridades mexicanas después de algo más de un año y medio en el que intercaló sus ingresos en la prisión de Palma de Mallorca con la libertad bajo fianza y en el que, además, intentó bajo todo tipo de argucias legales evitar su entrega a las autoridades mexicanas, llegando incluso a pronunciar unas declaraciones ante el juez que provocaron una dura reprimenda del propio tribunal, al presentarse como un “perseguido político” y acusar al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, de “ser peor que Hitler”.

Detención y litigio

Ancira fue localizado en el aeropuerto Son Sant Joan de Palma de Mallorca el 30 de mayo del 2019, cuando intentaba abordar su avión privado para trasladarse a Canadá, donde previsiblemente quería cruzar la frontera con Estados Unidos, ya que tiene la doble nacionalidad -estadunidense y mexicana.

Pero antes de subir a su jet privado fue interceptado por un dispositivo de la Policía Nacional española, la Interpol y la Guardia Civil, que ya habían detectado su presencia en la isla de Palma de Mallorca hacía un par de días, justo cuando se recibió la orden de captura internacional solicitada por las autoridades mexicanas.

Una vez interceptado en el aeropuerto, alrededor de las diez de la noche hora de España, fue trasladado a una comisaría policial, donde pasó su primera noche en un calabozo.

El juez no le tomó declaración en ese momento, ya que los delitos por los que era buscado, blanqueo de capitales y grave daño al patrimonio nacional, obligaba a la intervención de un juez de la Audiencia Nacional, el órgano judicial español especial para los delitos de terrorismo, narcotráfico, lavado de dinero y graves delitos financieros y de corrupción política.

Su causa cayó en manos del magistrado Santiago Pedraz, quien estaba de guardia ese día y escuchó el primer alegato de Ancira y su abogado para exigir su liberación, al sostener que era “víctima de una vendetta” de López Obrador.

Ante su primera comparecencia ante la justicia, Ancira llegó esposado y custodiado por agentes policiales, bajo la atenta mirada de su abogado de entonces, Emilio Oliver. Ahí se tomaron las únicas fotografías de él con esposas, ojeroso y desaliñado, un momento en el que además se encaró con un grupo de periodistas para asegurarles que estaba “muy contento” de estar ahí.

Ese día, el juez Pedraz decretó su ingreso en prisión cautelar y sin derecho a fianza, con lo que se abrió un periodo para recabar información y pruebas, tanto por parte de la defensa como de la parte acusadora, en esta caso el Estado mexicano, representado por la Fiscalía General de la República (FGR).

Un mes después de ser recluido en la prisión de Palma de Mallorca, el empresario metalúrgico pagó algo más de un millón de euros (25 millones de pesos) para su puesta en libertad bajo fianza, en la que además le obligaron a entregar el pasaporte, a no abandonar en territorio español y a que se presentara a declarar cada semana ante una comisaría de policía para saber que seguía respetando las medidas.

Así estuvo algo más de un año, en el que incluso se le vio paseando por las calles de Palma de Mallorca y cenando en lujosos restaurantes y paseando en yates.

Cuenta regresiva

Fue hasta el 8 de noviembre pasado cuando se inició la cuenta atrás para su entrega a las autoridades mexicanas.

Una vez había agotado y perdido todos los recursos legales previstos en las leyes españolas, la Sala de lo Penal que decidió su extradición, también resolvió, aquel día, que el imputado volviera de nuevo a prisión, alegando de nuevo un riesgo de fuga ante su inminente extradición.

Esta resolución, difundida unos días después -el 13 de noviembre- desestimó tanto las palabras como la estrategia del propio Ancira, que se basó en acusar al mandatario mexicano de “ser un mitómano como Hitler” y asegurar que “México era un país sin ley”, alegando una “persecución política espuria”.

En la resolución judicial se aseguraba que esa estrategia del acusado “es una nueva especulación de cariz victimista”.

Desde aquel día, la entrega de Ancira a México sólo dependía de la autorización en el Consejo de Ministros del gobierno español, presidido por el socialista Pedro Sánchez, y de la coordinación entre ambos gobiernos.

La Secretaría General de Instituciones Penitenciarias del Ministerio del Interior se limitó a confirmar a La Jornada que a partir de este miércoles 3 de febrero, alrededor de las nueve de la mañana, “el señor Ancira ya no se encuentra en ninguna prisión española”.

Según fuentes de su defensa, el traslado ocurrrió sin que fueran notificados sus propios abogados ni él mismo. Ya iba en un avión de la FGR rumbo a Canadá para repostar gasolina antes de emprender el vuelo a su destino final: la Ciudad de México. En concreto, el Reclusorio Norte.