Mexicali. A diario, organizaciones civiles escarban la tierra en predios de Tijuana, Mexicali, Tecate y Ensenada para detectar fosas clandestinas donde podrían estar sus familiares u otras víctimas de la desaparición forzada de personas y, desde hace tiempo, reciben mensajes anónimos que les alertan de sitios de entierros ilegales.

El grupo de colectivos que conforman la Asociación Desaparecidos por Baja California presentaron este miércoles una iniciativa ciudadana para que la Fiscalía General del Estado se haga cargo del archivo de pruebas de ADN que se tiene para la identificación de personas localizadas en fosas clandestinas de esta entidad.

En esta entidad del noroeste mexicano el movimiento de búsqueda de desaparecidos lo integran 14 colectivos de los cinco municipios de la entidad.

Se trata de la Ley Estatal para Inhumaciones y Exhumaciones que incluye además que estas acciones las asuman las autoridades locales en lugar de los deudos y familiares de desaparecidos.

Un tercer punto es la FEG se responsabilice de construir los panteones ministeriales con el propósito de que continúen las investigaciones.

En entrevista, Fernando Ortigoza, secretario de la asociación civil Desaparecidos por Baja California, confirmó la presentación de la iniciativa ciudadana ante el Congreso de Baja California.

Dio a conocer que durante 2020 se hallaron 137 restos humanos, la mayoría en fosas clandestinas de Tijuana y Tecate, mientras que en enero de 2021 se descubrieron 29 cadáveres.

Ortigoza dio a conocer que iniciarán un programa de búsqueda en Mexicali con la agrupación Madres Unidas y Fuertes ahora constituida en Unidas por los Desaparecidos de Baja California.

El 24 enero de 2014, su hijo José Alberto Ortigoza Martinez, fue levantado por un grupo en Otay Mesa, California, luego de cruzar de Tijuana al condado de San Diego para dirigirse al banco.

A partir de ahí Fernando Ortigoza inicio la búsqueda de su hijo desaparecido.