Ciudad de México. El presidente Andrés Manuel López Obrador envió al Congreso de la Unión una iniciativa de reforma a la Ley de la Industria Eléctrica, de carácter preferente, para dar prioridad el despacho de electricidad que produce el Estado a través de Comisión Federal de Electricidad (CFE) y al final a la generada por empresas privadas. 

En su propuesta, el Ejecutivo también plantea revisar la legalidad y rentabilidad para el gobierno de los contratos de compra venta de energía eléctrica suscritos con los productores independientes de energía, que “han causado un gran daño al patrimonio de CFE”; asimismo, eliminar la obligatoriedad de compra de energía mediante subastas; y obligar a la Comisión Reguladora de Energía a revocar los permisos de auto financiamiento, que desvirtuaron su objeto inicial.

“Con la iniciativa se logrará terminar con la simulación de precios en un mercado que favorece la especulación, el dumping y los subsidios otorgados a participantes privados por la CFE, así como con años de saqueo y con el reconocimiento de los costos totales de generación, lo que permitirá una competencia en condiciones de equidad”, señala el documento. 

La iniciativa -que da marcha atrás a la reforma energética en el sector eléctrico aprobada en el sexenio pasado mediante “sobornos entregados a legisladores”- fue recibida esta mañana por la Comisión Permanente, que la turnó a la Cámara de Diputados y que, a su vez, tiene hasta 30 días para aprobarla. 

El proyecto explica en la exposición de motivos  que la modificación del despacho económico a despacho por entrega física de las centrales eléctricas permitirá superar la relegación intencionada de las centrales de CFE y asegurar su despacho prioritario ante otros participantes privados de la industria eléctrica. 

Con la modificación del despacho propuesto por el Ejecutivo, la prioridad se dividirá en las siguientes cuatro etapas: 

Primero, será despachada la energía producida por las hidroeléctricas. 

Enseguida, la energía generada por otras plantas de CFE, la nuclear, geotérmicas, de ciclo combinado y termoeléctricas. Posteriormente, se despacharán las centrales de ciclos combinados de productores independientes de energía amparadas por contratos suscritos en los términos de la abrogada Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica. 

En tercer lugar, la energía eólica o solar de particulares. 

Y finalmente se despacharán las centrales eléctricas de ciclos combinados propiedad de particulares y el resto de los generadores de otras tecnologías. 

La iniciativa presidencial resalta que los contratos financieros diseñados en la reforma energética del gobierno de Enrique Peña Nieto, que establecen con prelación los precios de energía y capacidad, al no comprometer la entrega física de energía y capacidad, ponen en riesgo y vulnerabilidad financiera a las entidades que los celebran. 

Además, cuestiona, se trata de contratos que fijaron criterios de despacho a modo y beneficio del sector privado, por encima del interés público. 

“Aún con un contrato financiero de precios de energía y capacidad, no garantiza, en lo absoluto, el despacho físico de centrales de generación con un costo de generación por kilovatio-hora menor”. 

Resalta que el modelo obliga a CFE a asumir la pérdida por no despacho de electricidad, aun cuando sus centrales de generación con costos unitarios menores a los de las centrales privadas. 

De no modificarse las actuales condiciones, explica, se incrementarían las tarifas o mayores subsidios a costa de la Hacienda pública. 

“La presente iniciativa tiene como propósito garantía la confiabilidad y un sistema tarifario de precios que únicamente serán actualizados en razón de la inflación”, detalla. 

En su proyecto, el presidente cuestiona que el gobierno de Peña Nieto “otorgó plena cobertura legal a la política neoliberal que impuso un proceso de privatización para debilitar y transferir empresas públicas a particulares y despojar a los mexicanos de la riqueza petrolera y de la industria eléctrica nacional”. 

Incluso afirma que la reforma a la Constitución y al marco legal se logró a partir “de sobornos entregados a legisladores mercante el engaño mediático a la población. Falseando la realidad, se dijo que dicha reformase traduciría en la llegada masiva de inversiones extranjeras, en más producción de petróleo, gas y electricidad, y en mejores precios de estos energéticos para beneficio de los consumidores y desarrollo del país”. 

En realidad, lamenta, todo se tradujo en negocios lucrativos para empresas particulares y políticos corruptos, transitando al apoderamiento privado del mercado eléctrico.