quedó abierta la puerta de los muertos. La procesión del Santo Entierro ya no fue tan festiva,
sentíamos pesado el ambiente, como si fuera un cortejo fúnebre. Como si la muerte hubiera entrado a nuestro pueblo.
Dos semanas después murió el segundo Xiñá, un especialista en la quema de vela y en la interpretación de los sueños. En plena pandemia perdieron a dos pilares de la cultura Me’phaa encargados de realizar los rituales agrícolas y de la purificación de las nuevas autoridades para garantizar la salud, la alimentación y la paz en el pueblo. A los pocos días murió una partera, que también forma parte de las personas principales
de la comunidad. En junio perdió la vida un maestro de la escuela primaria Leona Vicario. Su familia prefirió trasladarlo al Hospital General de Tlapa, donde le diagnosticaron Covid-19. Su estancia fue infructuosa, porque en la misma tarde que lo atendieron, pereció. La gente registró 17 personas fallecidas de marzo a fines del año pasado.
Ante la lluvia pertinaz que cae en La Montaña en los meses de otoño, un líder transportista acostumbrado al trabajo rudo de los caminos chiclosos por el barro, empezó con un resfriado que lo tuvo en cama durante 10 días. Al complicarse su estado de salud acudió al médico particular, quien le recomendó que fuera al hospital de la cabecera municipal de Acatepec. A pesar de que tocó insistentemente para que lo atendieran, nadie le abrió la puerta. Ante las dificultades que tenía para respirar y caminar, optó por sentarse sobre una jardinera y esperar a que amaneciera. Ya no despertó, y lo más grave es que ahí permaneció hasta las 2 de la tarde, cuando llegó el ministerio público para dar fe de su deceso.
Los habitantes de Acatepec piensan que estas muertes no cuentan para el gobierno. No le interesa saber si son autoridades comunitarias, personas mayores, hombres o mujeres; de un pueblo indígena o de una región pobre. Simplemente no existen, porque nadie los ve ni los oye, mucho menos se interesan en proporcionar auxilio ante esta emergencia sanitaria. La actuación indolente de las autoridades se ha caracterizado por cerrar las puertas de los hospitales y los ayuntamientos de La Montaña. Hasta para comprar un paracetamol, las familias indígenas tienen que viajar a Tlapa, a fin de bajar la temperatura de sus pacientes.
En la comunidad Na’Savi de Cahuatache, municipio de Xalpatláhuac, de mayo a la fecha han muerto 45 personas. Entre ellas un ex presidente municipal, cinco maestros de primaria, un cantor de la iglesia, tres jóvenes migrantes que murieron en Nueva York y cinco personas que fallecieron en Acapulco. Un total de 32 hombres y 13 mujeres de 50 a 90 años. Su cercanía con la ciudad de Tlapa ha provocado que el contagio se intensifique en meses recientes. Las fiestas de la Virgen de Guadalupe y de los Santos Reyes provocaron que sólo en este mes murieran siete personas.
Para las comunidades migrantes de La Montaña la situación se ha complicado, porque hay muertes de la familia que suceden en la comunidad de origen, pero también fallecen otros integrantes en Nueva York o Tijuana. La comunidad Na’Savi de Xochapa, municipio de Alcozauca, registra 14 personas que perecieron en la comunidad, entre ellas un delegado municipal, un músico y un principal que se desempeñaba como embajador de la palabra. De las 300 personas que habitan en la colonia Valle Verde, asentada en la periferia de Tijuana, han muerto ocho, entre ellas Valentín, líder comunitario que defendía los derechos de los migrantes.
La lucha histórica emprendida desde 2011 por la comunidad Júba Wajiín, municipio de Malinaltepec, contra la Secretaría de Economía, que dio en concesión 75 por ciento de sus tierras comunales a las mineras Salamera y Hochschild México, tuvo entre sus autoridades agrarias a líderes natos que abanderaron la defensa de su territorio ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El maestro Agapito Cantú Manuel supo dar la pelea en los tribunales e impulsar la organización del Concejo Regional de Autoridades Agrarias en Defensa de su Territorio (Craadet). Aún le dio tiempo de acudir a la comunidad de Ojo de Agua para organizar la entrega del fertilizante. Junto con su esposa, no pudieron vencer los estragos del Covid-19. Con ellos, son 10 las personas que han fallecido en Júba Wajiín, sin que tuvieran la oportunidad de ser atendidas por algún médico, mucho menos que les aplicaran la prueba PCR.
En la región cafetalera de Iliatenco, sus habitantes han normalizado las muertes, a pesar de que en este primer mes del año han fallecido 15 personas en la cabecera municipal y tres en el último día de 2020. El baile organizado con motivo de la fiesta de la Virgen de Guadalupe en la comunidad de Tecoyame, municipio de Tlalixtaquilla, provocó que el contagio se extendiera a una comunidad del estado vecino del sur. Dos personas murieron en San Mateo Nejapa, Oaxaca. En Tecoyame fallecieron cuatro y las autoridades comunitarias, junto con los maestros de la primaria, se contagiaron al organizar el baile.
En la unidad Covid-19 del Hospital General de Tlapa sólo hay 15 camas y siete ventiladores para atender a los 19 municipios de La Montaña. Son tres valientes doctoras, que fueron contratadas en marzo del año pasado, las que tienen que doblar turnos para no descuidar a los pacientes. De las 800 personas que han atendido, alrededor de 300 fallecieron. Sin embargo, la estadística que maneja la Secretaría de Salud Federal y la del estado, reportada el pasado 17 de enero, son 111 defunciones. De las 17 muertes que la gente ha registrado en el municipio de Acatepec, la Secretaría de Salud sólo reporta una. De Alcozauca registra tres, cuando sólo en la comunidad de Xochapa han muerto 14. El reporte oficial sobre el municipio de Iliatenco es de una persona fallecida, sin embargo, las autoridades comunitarias informaron que en enero 15 personas murieron. Este pequeño universo encierra un grave problema en las regiones indígenas, donde las muertes no se cuentan.
* Director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan
